Colau dilapida las subvenciones a entidades amigas y las dispara un 166%

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha dilapidado el dinero público como pocas veces se ha visto. La documentación que en estos momentos tiene encima de la mesa el Juez que la investiga por otorgar subvenciones a entidades afines, refleja que la edil habría incrementado un 166% las ayudas y subvenciones a organizaciones con las que habría tenido, presuntamente, algún tipo de vinculación, según recoge el diario “El Mundo”.

Es el caso del Observatori Desc, Ingenieros Sin Fronteras, Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o Alianza contra la Pobreza. Si desgranamos los ingresos procedentes de fondos públicos de estas asociaciones, observamos como el primero, el Observatori Desc para el derecho a la vivienda pasó de recibir con Xavier Trias (CiU) en 2014 un total de 240.000 euros públicos, a 336.259 euros con Ada Colau como alcaldesa.

A ello se le suman unos 700.000 euros de subvenciones para estas entidades en 2020 y otros 366.000 euros para Desc e Ingenieros Sin Fronteras, en concreto para planes relacionados con el cambio climático y remunicipalización del agua, entre otros. Para la asociación que ha presentado la querella contra la alcaldesa de Barcelona en Comú, la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática, estas subvenciones no tienen otro motivo que financiarlas con fondos públicos para mantenerlas "con vida".

“La gestión pública de los servicios considerados esenciales nada tiene que ver con la finalidad dada a las subvenciones, cuyo principal objetivo, a la vista del destino de las mismas, más de un 70% en gastos de personal de las entidades perceptoras, es el mantenimiento de la estructura organizativa de las asociaciones, con cargo a los fondos públicos”, aseguran.

“A pesar de su discurso en teórica defensa de lo público y su ataque al sector privado, ha procedido a delegar en asociaciones privadas, ya que las beneficiarias lo son, privadas y afines a ella, dichas cuestiones, si bien dedicando el grueso del importe no a la prestación de servicios que reviertan en los ciudadanos en situación de vulnerabilidad, sino a mantener los gastos de personal de tales entidades privadas”, ha recalcado la organización demandante.