Los funcionarios se rebelan contra Sánchez por sus constantes recortes laborales

Los funcionarios públicos han dicho basta. Después de constantes recortes en sus condiciones laborales, dos de los principales sindicatos del sector público, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato de Policía Nacional (JUPOL), han convocado una manifestación este lunes 18 de abril para protestar por el recorte sanitario que sufren los funcionarios de toda España en numerosas administraciones y cargos públicos.

Estos sindicatos calculan que el 50% de los funcionarios españoles ha sufrido algún tipo de recorte en sus prestaciones sanitarias “sin previo aviso”. Una situación que llevan denunciando ante el Gobierno durante semanas sin que nadie del Ejecutivo se siente a atender sus peticiones.

Se trata de recortes sanitarios que afectan a los cuadros médicos y centros sanitarios de las mutuas de seguros, Muface para los funcionarios del Estado, Mugeju para los que forman parte de Justicia e Isfa para los militares y demás funcionarios de Defensa que formen parte de las Fuerzas Armadas.

La manifestacío, convocada el lunes 18 abril a las 12 de la mañana en las inmediaciones de la Dirección General de Muface, en Madrid, pretende recuperar los derechos asistenciales y sanitarios, recortados por el Gobierno de Pedro Sánchez tras la firma de un concierto sanitario para los años 2022-2024 entre Muface y algunas aseguradoras.

“Esto viene derivado de la infrafinanciación del modelo por parte del Gobierno. Las aseguradoras dicen que no tienen dinero suficiente y no pueden llegar a acuerdos con los grupos hospitalarios con los que antes tenían convenios. Con lo cual, los pacientes que se atendían hasta ahora no pueden acudir a sus centros habituales”, ha asegurado CSIF.

CSIF: "Esto viene derivado de la infrafinanciación del modelo por parte del Gobierno. Las aseguradoras dicen que no tienen dinero suficiente y no pueden llegar a acuerdos con los grupos hospitalarios con los que antes tenían convenios"

De hecho, estos sindicatos ya han entregado al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, miles de firmas de funcionarios para que haga las gestiones pertinentes en beneficio de los trabajadores públicos. Según denuncian los sindicatos, “se ha producido una pérdida de especialidades, reducción de médicos y especialistas, retirada de centros hospitalarios, problemas para la autorización de intervenciones o sellado de recetas y reducción definitiva de la cartera asistencial”.

Y es que la reducción de asistencias sanitarias derivadas de su puesto laboral se ha visto mermada para un 14% de los funcionarios, a los que se le ha limitado el acceso a su hospital habitual, ofreciéndoles como única solución el pago de una consulta médica o del tratamiento que estaban recibiendo.

De hecho, uno de cada cuatro funcionarios asegura que le han limitado las pruebas médicas, incluidas las de detección de la covid, lo que se traduce también en una pérdida de médicos y especialidades en localidades. “A partir de ahora –sin previo aviso– estas personas no podrán ir a sus revisiones médicas en sus centros habituales. En muchos casos, después de años siendo tratados por mismo equipo médico, tienen que buscarse otras alternativas, con las incertidumbres que generan este tipo de cambios en el seguimiento de su enfermedad”, apuntan desde los sindicatos.