Delgado maniobra para dar carpetazo a la investigación de las cuentas de Podemos

Mientras Dolores Delgado azuza a la Fiscalía Anticorrupción en el caso del hermano de Isabel Díaz Ayuso o en el caso Medina -que tiene como víctima al Ayuntamiento de Madrid-, ordena que se logre el carpetazo a la causa sobre la presunto financiación ilegal de Podemos vía Venezuela.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha reclamado que se archive la investigación que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 6 relativo a la presunta financiación del partido de Ione Belarra -aunque la etapa investigada es la de Pablo Iglesias- con fondos llegados de Venezuela, según han confirmado fuentes fiscales. La causa, que se cerró en 2016 fue reabierta en octubre de 2021 al calor de la documentación que aportó el ex jefe de la Inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal.

Fue en marzo cuando se produjo el último movimiento en este asunto, que permanece secreto, cuando el Manuel García Castellón solicitó a la Fiscalía que se pronunciara sobre las nuevas diligencias que sopesaba encargar a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) para corroborar el relato ofrecido por Carvajal y los testigos protegidos designados por éste último, en el marco de las investigaciones sobre la presunta financiación ilegal de Podemos.

Previamente, la Sala de lo Penal admitió el recurso de apelación presentado por la Fiscalía contra las diligencias que el juez de refuerzo de dicho juzgado, Joaquín Gadea, encargó el pasado mes de noviembre a la UDEF para que indagara en dos hechos: las supuestas transferencias por valor de 142.000 euros que los fundadores de Podemos Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez habrían recibido de Venezuela, y la presencia de Juan Carlos Monedero en la nación caribeña.

El juez Manuel García Castellón, que investiga la financiación de Podemos en Venezuela.

El Ministerio Público vio en estas diligencias una "investigación prospectiva" en torno a la formación morada, pidiendo limitar el trabajo de la UDEF a investigar los hechos en general, sin entrar en personas concretas. La Sala de lo Penal dio la razón a Fiscalía, frenando así las averiguaciones en torno a los cuatro fundadores de Podemos.

Informe PISA

Esta investigación judicial se cerró en 2016, cuando solo se apoyaba en el denominado 'Informe PISA', pero se reabrió el año pasado a raíz de la información aportada por El Pollo Carvajal como parte del "proceso de colaboración" con la Justicia española que inició cuando fue detenido para su extradición después de pasar casi dos años prófugo.

Las diligencias encargadas inicialmente a la UDEF iban destinadas a corroborar lo reflejado en algunos de los documentos entregados por Carvajal. Entre ellos, una orden de pago que habría girado el presidente venezolano Nicolás Maduro en 2013 para abonar 142.000 dólares a Bescansa, Jerez y Lago por el encargo que les habría hecho el Gobierno venezolano para idear el "diseño político comunicacional" del stand de la petrolera estatal PDVSA en el Congreso Mundial de Petróleo celebrado en 2014 en Moscú.

También aportó otra orden de pago que habría dictado el propio Hugo Chávez en 2008 para pagar 6,7 millones de dólares a la Fundación CEPS, vinculada a Podemos, para "propiciar un cambio político aún más afín al Gobierno bolivariano".

En este documento, que fue revelado en 2016 por distintos medios, se citaría expresamente a Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero como "destacados profesores" a los que definiría como "aliados naturales de la revolución bolivariana".

Además, en un escrito incluido en este bloque documental, el ex jefe de Inteligencia indicó que Monedero habría recogido en mano en un hotel de Caracas 600.000 euros que habrían salido de la Embajada de Cuba en Venezuela.

Varapalo a la Fiscalía en el caso Neurona

Mientras la Fiscalía maniobra en la Audiencia Nacional, la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de Podemos contra la decisión del juez que instruye el caso Neurona, Juan José Escalonilla, que acordó en enero de este año ampliar seis meses más la investigación sobre presuntas irregularidades en el contrato que Podemos firmó con la consultora Neurona para la campaña a las elecciones generales de abril de 2019.

Los magistrados indican en el auto que "es facultad del instructor decidir sobre la prórroga de la instrucción para lograr la consecución de sus fines" y añaden que "el auto recurrido contiene la motivación necesaria" para ordenar la extensión de las diligencias.

Añaden que a pesar de que la Fiscalía se ha opuesto al entender que no quedan pesquisas por realizar, ellos consideran que la decisión del juez Escalonilla es acertada "a resultas de las dos diligencias de investigación pendientes de practicar habida cuenta la posibilidad de tener que ordenar nuevas diligencias de investigación que en otro caso no cabría acordar".