Bruselas acecha a Sánchez por sus trampas para el ascenso encubierto de Delgado

El puesto a dedo del Gobierno a Dolores Delgado puede verse comprometido después de que Bruselas ponga los ojos sobre el caso ante la queja de la Asociación de Fiscales, que han querido trasladar su preocupación ante la enmienda que ha registrado el PSOE para ascender de forma encubierta a la actual fiscal general del Estado y ex ministra de Justicia, Dolores Delgado, a fiscal de Sala, algo que va contra la imparcialidad de la justicia.

La Asociación de Fiscales (AF) se ha dirigido por carta al comisario europeo de Justicia Didier Reynders para que adopte "las medidas oportunas" a fin de evitar la falta de independencia y de imparcialidad que, a su juicio, supone la enmienda incluida en la reforma de la Ley Concursal que conlleva que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, sea ascendida a fiscal de Sala tras su cese en el cargo.

Apuntan que la carta va dirigida tanto a Reynders como a la vicepresidenta de la Unión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourová, y que en la misma trasladan su honda preocupación por ese texto de la enmienda, "por derivarse del mismo mecanismos que en nada se compadecen con las recomendaciones que desde el GRECO y la propia Comisión se vienen haciendo a España con el objeto de potenciar la independencia del Ministerio Fiscal".

Si bien la necesidad de reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal es una realidad "incontestable" y que la vía es un modelo de proceso penal donde el fiscal asuma la investigación de los delitos como ocurre en los países de nuestro entorno", la reforma debería ir acompañada de la necesaria reflexión e informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo Fiscal.

"Sin embargo con la pretendida reforma se escamotearán dichos informes y da la sensación de que su finalidad última es la de premiar a la actual Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, al cese de su mandato, lo que comportaría una mayor politización de la Institución", añaden.

Con la carta remitida se ruega a la alta institución europea que tome conocimiento de la reforma proyectada y sobre el riesgo que la misma supone para el Estado de Derecho, "adoptando en su caso las medidas que entienda oportunas para evitar el menoscabo de la independencia del Ministerio Fiscal y de su imparcialidad como pieza clave en todo sistema democrático".

Comunicación oculta entre Fiscalía y Gobierno

La AF pide además que la reforma del Estatuto debería contemplar dos elementos relativos a las comunicaciones entre el Gobierno y el Ministerio Fiscal: "que se hagan por escrito con registro del documento concreto por el que se articulan tales comunicaciones; y que las mismas sean públicas como medio indispensables para hacer efectiva la transparencia que debe presidir la relación entre el Gobierno de la nación y una de sus más altas Instituciones".

Sin embargo, lamentan que la reforma del Estatuto que se pretende a través de enmienda "se refiere únicamente al primero de los aspectos señalados estableciendo la necesidad de documento escrito y de registro del mismo". Así, indican que la enmienda se olvida de la publicidad, algo que entienden que es precisamente la única medida útil a los efectos de control ciudadano y parlamentario de las posibles injerencias del Gobierno en el Ministerio Fiscal.

A esto suman que si bien las comunicaciones deben quedar registradas por escrito, eso no ocurre cuando quien informa es la FGE al Gobierno.

"Se aparenta cumplir con parte de las recomendaciones realizadas a España tanto por la Comisión Europea como por el GRECO, y después se da carta de naturaleza a una vía destinada justamente a eludir la documentación, registro y publicidad que deben presidir las comunicaciones entre el Gobierno y el Ministerio Fiscal", se lamenta la Asociación de Fiscales.