El Gobierno planea dar el mazazo definitivo al coche particular este mismo año

Pedro Sánchez está a punto de materializar su plan más discriminatorio con el ciudadano medio, y es que su plan por sacar a los coches contaminantes de la circulación será una realidad en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, es decir la mayoría del territorio español en 2023.

En total, los vehículos que mantienen su pegatina C o B e incluso ECO, que estarán por debajo de los vehículos 0 emisiones, son en total alrededor de 24 millones de vehículos, muchos de ellos son los que quieren sacar de las calles el Gobierno, todo ello mientras el propio ejecutivo sigue comprando vehículos oficiales diesel y de gasolina.

Las zonas urbanas de bajas emisiones que delimiten los grandes ayuntamientos no solo deberán servir para sacar de las ciudades los coches más contaminantes, sino que esta planificación debe incluir objetivos evaluables para reducir el "peso de la utilización del vehículo privado motorizado frente al resto de modos de transporte”.

El Ejecutivo para ello se escuda en datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), que cifra en 20.000 las muertes prematuras derivadas de la contaminación en España. La medida afectará, de forma vinculante, a todas las ciudades españolas que superen el umbral de los 50.000 habitantes.

En datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en España son 151 los municipios que cumplen este requisito en cifras del uno de enero de 2022. Aquellos municipios cuya población censada exceda de 20.000, también se verán obligados a articular espacios de baja contaminación siempre que sus niveles de polución atmosférica superen los establecidos.

Otro de las líneas de actuación que desglosa el Real Decreto refiere a la calidad acústica en las ciudades. En este sentido, cerca de nueve millones de españoles conviven con niveles superiores a los 65 decibelios, guarismo a partir del que la Organización Mundial de la Salud considera que se produce una sonoridad insalubre para las personas. Los ayuntamientos deberán implantar una "zonificación" que sitúe los niveles de ruido acorde con la jurisprudencia ya aprobada.

Infracción grave y multas de 200 euros

Irrumpir sin contar con las credenciales pertinentes en las nuevas áreas de bajas emisiones que los ayuntamientos pondrán en marcha a partir de 2023 será considerado como una "infracción grave" y acarreará sanciones administrativas de 200 euros. Así lo enuncia el borrador del Real Decreto que el Ministerio para la transición ecológica y reto demográfico ha sacado a consulta pública en vísperas a su aprobación en el Consejo de Ministros.

Cada cuatro años los consistorios deberán evaluar el impacto que estas han logrado, estableciendo medidas más rígidas en caso de no cumplir con los objetivos marcados. "El proyecto de ZBE deberá revisarse, al menos cada cuatro años, con el objeto de garantizar que se están alcanzando los objetivos planteados en el proyecto inicial", enuncia el documento.