Sánchez da “secretos de Estado” al independentismo para zanjar el caso Pegasus

Hace ya casi un par de décadas, el entonces diputado de IU, Felipe Alcaraz, anunció en rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, que se disponía a realizar una “desclasificación espontánea” y difundir en Rueda de Prensa unos contratos e informes que obraban en poder del CNI, pero que eran materia clasificada y, por tanto, no podían darse a conocer. A renglón seguido, se puso a comentar detalles y aspectos de determinados informes del servicio de espionaje español, pese a que su pertenencia a la Comisión Parlamentaria de Gastos Reservados, le permitía conocer el contenido de determinados convenios y contratos, pero le impedía expresamente la difusión de los mismos.

Veníamos entonces de épocas complicadas, en las que los “Anacletos, agentes secretos” españoles habían llegado a grabar incluso al Rey (hoy Rey emérito) en amenas conversaciones privadas y, por lo que supimos después, hasta tenían en su poder cintas de video en aún más amena compañía, si cabe. El episodio en cuestión de las grabaciones al Rey costó la cabeza del entonces ministro de Defensa, Julián García Vargas, en el caso del espionaje al Rey, mientras que la “desclasificación espontánea” de Alcaraz no tuvo mayores consecuencias que la de considerar tal actuación como una “gamberrada” más del díscolo portavoz parlamentario de IU.

Desde entonces hasta ahora ha llovido mucho, incluso tanto como para embarrar el terreno político hasta el punto de que las desconfianzas y deslealtades bloqueen la posibilidad de reunir esa Comisión de Secretos Oficiales desde hace más de dos años. La Comisión de Secretos Oficiales la preside el presidente de la Cámara Baja y forman parte de ella los portavoces de todos los Grupos Parlamentarios. De hecho, la mencionada Comisión no está siquiera constituida. Se disolvió en 2019, cuando la presidía Ana Pastor (entonces presidenta del Congreso) y hasta la fecha no ha vuelto a constituirse porque para aprobar su composición se necesitan 3/5 de la Cámara o 210 votos afirmativos, lo que ahora mismo no tiene garantizado el Gobierno ni con el apoyo de sus socios más inmediatos.

Y hasta la fecha el PP de Pablo Casado había dejado bien claro que, si no se fiaba de Pedro Sánchez, menos aún lo haría de sus socios y compañeros de legislatura. Pero este domingo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha viajado a Barcelona para tratar de zanjar la crisis abierta con sus socios independentistas a raíz de la publicación de la utilización del dichoso sistema Pegasus, para espiar a líderes independentistas y sus abogados, desde 2017 hasta nuestros días.

El ministro Fernando Grande-Marlaska no tardó en borrarse de la ecuación y aclarar que ni Policía ni Guardia Civil han utilizado el dichoso sistema Pegasus, la sofisticada máquina de espiar. Las miradas se fijan en la ministra de Defensa, Margarita Robles y el CNI, pero sus explicaciones de que todos los seguimientos y escuchas realizados se han hecho de acuerdo con la legalidad vigente y con autorización judicial no ha sido suficiente para el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, para el líder de ERC, Oriol Junqueras y mucho menos para los líderes de Junts (en plena efervescencia precongresual).

La solución de Bolaños pasa por constituir la Comisión y dar las explicaciones que exigen tanto Junts como ERC, dentro de ese marco institucional, pero la realidad es que el PSOE no cuenta, en este momento, con los votos necesarios para constituirla e incorporar a los independentistas en su seno.

En el Gobierno se disponen a emprender una huida hacia adelante y preparan un nuevo truco de prestidigitación: cambiar la ley para permitir que la Comisión se constituya con una mayoría simple y sorteando así la desconfianza del PP y su bloqueo.

El PP de Alberto Núñez Feijoo no ha manifestado voluntad alguna de levantar su voluntad de bloqueo a que los independentistas acaben compartiendo los secretos del Estado contra el que han luchado a brazo partido y fuera de la legalidad cuando ha sido menester. Las gamberradas parlamentarias, como las de Felipe Alcaraz no tienen nada que ver con lo que plantea hoy el PP. Es algo más profundo y más inquietante, especialmente cuando es conocido que Puigdemont tenía la información que tanto le ha escandalizado hoy, desde hace más de un año.

Con todo, en el Gobierno se disponen a emprender una huida hacia adelante y preparan un nuevo truco de prestidigitación: cambiar la ley para permitir que la Comisión se constituya con una mayoría simple y sorteando así la desconfianza del PP y su bloqueo. ¿Fraude de Ley? Lo acabaremos sabiendo, puesto que tiene todos los visos de acabar en los Tribunales, pero mientras tanto, Pedro Sánchez podrá avanzar e impedir que ERC le dé la espalda a la hora de convalidar el decreto de medidas económicas contra la inflación y los efectos de la Guerra en Ucrania, esta misma semana. Quien día pasa, año empuja. Y en eso está Sánchez: empujando hasta agotar la legislatura.