Los socios de Sánchez superan los 1.200 días de chantajes al Gobierno

Este jueves el Congreso de los Diputados observa con asombro cómo Bildu apoyaba al Gobierno de coalición por enésima vez votando a favor del “plan anticrisis” que, se supone, trae mejoras para la economía y reduce los efectos de la guerra de Ucrania. Ante las cámaras, muchas palabras duras en discursos vacíos. En los despachos, los extremistas secesionistas han logrado una vez más su objetivo: chantajear al Gobierno.

Y es que el apoyo de Bildu no es fruto del sentido de Estado de la formación, ya que sus aspiraciones son precisamente las contrarias, sino de un intercambio de favores: si Sánchez quería sacar adelante su decreto, Bildu tenía que estar presente en la Comisión de Secretos Oficiales.

Y así ha sido. La formación de Otegi estará delante de los secretos más íntimos del Estado, después de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, anunciase que modificaban el reglamento por el cual se permite que no sea necesaria una mayoría de dos tercios de la cámara para decidir los miembros que acuden a dicha Comisión. De ese modo, con los apoyos de los separatistas, PSOE y Unidas Podemos, el secesionismo podrá estar presente en la Comisión.

Ésta se produce a petición de los independentistas, derivada de la crisis política por el caso Pegasus, en el que presuntamente se habrían espiado a más de 60 líderes independentistas mediante un programa informático. Según Bildu y ERC, detrás de estos espionajes está el CNI. Según el Gobierno, puede que así sea, pero siempre con arreglo a la Ley. En la Comisión se determinará quién tiene razón.

Más de 1.200 días de chantajes a Sánchez

En cualquier caso, éste no es el único chantaje de los socios de Gobierno al Pedro Sánchez. Desde el mes de junio de 2018 en que el líder socialista se hace con la Moncloa en la moción de censura, el presidente del Gobierno tiene que estar sometido a los chantajes de los independentistas, ya que gracias a sus apoyos parlamentarios ha logrado sentarse en Moncloa.

Y no solo en una ocasión, ya que ese apoyo en la investidura se repitió en el año 2020, en enero, cuando Unidas Podemos entró en el Gobierno. Por entonces, Sánchez tuvo que pagar una cuenta bastante cara: más presupuestos para Cataluña como pago de los apoyos de Esquerra Republicana y más autonomía para el País Vasco por los votos favorables de PNV.

De hecho en este último caso hubo también acercamientos de presos de ETA, siendo el Gobierno de Sánchez, uno de los que más ha acercado a prisiones vascas de la historia de la democracia, con el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska a la cabeza.

Por su parte, los apoyos puntuales que los secesionistas le han ido dando se han ido pagando también. Es el caso del apoyo, por ejemplo, de los independentistas catalanes a los Presupuestos Generales del Estado, que se ha saldado con 18,6 millones de euros en transferencias o una nueva ley audiovisual en Cataluña.

Por otro lado, en el País Vasco, el apoyo del PNV también ha sido “premiado” por Sánchez con la cesión total de las gestiones del Ingreso Mínimo Vital, más inversiones estatales en infraestructuras y la cesión de las competencias en materia de prisiones al gobierno vasco, algo que ya se ha cumplido.

Más cesiones “históricas”

Éstas, aunque son las más recientes, no serían las únicas cesiones que habría concedido el Gobierno de Sánchez a los independentistas. En 2019, el presidente dio “vía libre” a la “embajadas” catalanes en el exterior, diciendo que eran una cuestión a la que “asistía con respeto y normalidad”.

En esa misma época, el Gobierno sacó adelante la conocida como “mesa de diálogo”, en la que se daba protagonismo a los secesionistas reconociendo un “problema” con Cataluña y un aspecto de “bilateralidad” como si Cataluña fuese un estado independiente.

Y una de las más graves y que constituye una cesión clásica han sido los indultos otorgados por el Gobierno de coalición a los líderes independentistas que protagonizaron el intento de golpe de Estado en Cataluña con la realización del referéndum ilegal del 1 de octubre. Un hecho por el cual fueron juzgados en el Tribunal Supremo, pero que el Ejecutivo ha pasado por alto haciendo “borrón y cuenta nueva”.

Pero el paso del tiempo ha demostrado que aliarse con el independentismo no ha sido ni de lejos la mejor decisión de Sánchez, que se ha convertido en su rehén, sino que su voracidad es insaciable y ahora quieren que rueden cabezas por el caso 'Pegasus', un precio que el Gobierno no está dispuesto a pagar, y por ello tendrá que asumir las consecuencias: un calvario en el Congreso, pues ya se ha quedado sin la red de seguridad que el secesionismo le proporcionaba.