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Sablazo judicial: la madre de una víctima de los GAL paga 9.000 euros en costas

La madre de Joxi Zabala tendrá que depositar 9.250 euros por las costas del recurso fallido que presentó al Constitucional por no recibir ninguna indemnización

Pili Zabala, hermana de Joxi Zabala

Publicado por
M.C

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Joxi Zabala fue asesinado en el año 1983 por la organización terrorista GAL, que tenía como objetivo asesinar a los miembros de ETA al margen de las autoridades. La madre del joven asesinado, Felipa Artano Sagastume, siempre aseguró que su hijo no pertenecía al grupo etarra.

Sin embargo, el Ministerio del Interior no lo consideró una víctima del terrorismo y decidió dejar a su familia fuera del grupo de personas con derecho a indemnización complementaria recogida en la Ley de Víctimas del Terrorismo. Como no estaba de acuerdo con la decisión del Gobierno, “Pili” Zabala, la hermana del joven, decidió recurrir al Tribunal Constitucional.

El Alto Tribunal decidió ratificar esa decisión de Interior y dejar a su familia sin indemnización, lo que provocó que ésta recurriese la decisión del Constitucional. Sin embargo, la Audiencia Nacional ha ratificado de nuevo esa misma decisión y ha dejado definitivamente a la familia sin opción a subvenciones, aunque no se haya demostrado que Joxi Zabala perteneciese a ETA.

Una decisión que, ahora, sabemos que va acompañada de otra peor para la familia: y es que Felipa Artano tendrá que pagar las costas de aquel proceso. Así lo ha decidido la Audiencia Nacional, que le obliga a abonar un total de 9.252,06 euros por haber presentado el recurso.

Según el auto emitido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, se recoge que “conforme al Art. 241 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil y al no haber sido impugnada la tasación de costas practicada en fecha 30 de marzo de 2022, por ninguna de las partes, procede a aprobar la misma sin más trámites”.

Un hecho que ha indignado a la familia de Zabala, que no se explica “tanta injusticia” calificando el proceso de “despropósito” ya que, después de haber perdido “lo que más queremos”, ahora están obligados a pagar las costas de un recurso que pretendía lograr “justicia” después de casi 40 años.