Moncloa se niega a explicar el caso del marido de Calviño que destapó ESdiario
El Gobierno responde con evasivas sobre el "calviñazo" que reveló Francisco Mercado sobre la empresa de Ignacio Manrique de Lara, beneficiada con los fondos que reparte Economía.
Nadia Calviño en la última sesión de control al Gobierno.
Evasivas, obviedades y lugares comunes. La estrategia del Gobierno en el escándalo de las subvenciones a Beedigital, la empresa en la que trabaja el marido de Nadia Calviño sigue siendo la del apagón. Pese al cúmulo de irregularidades que ha ido destapando en ESdiario en exclusiva Francisco Mercado.
El Gobierno asegura que la vicepresidenta primera del Gobierno cumplió "escrupulosamente la normativa aplicable" en la concesión de fondos europeos a Beedigital, una empresa presuntamente vinculada a su marido.
El Ejecutivo se ha expresado así en una respuesta parlamentaria del pasado 6 de mayo a dos preguntas formuladas por el PP acerca de las "presuntas irregularidades" y la "grave incompatibilidad" de la citada empresa con la gestión de esos fondos.
En concreto, en sendos escritos dirigidos a la Mesa del Congreso de los Diputados, los populares preguntaban al Gobierno si tenía previsto abrir alguna investigación para esclarecer este extremo. Además, cuestionaban cual había sido la respuesta del Ejecutivo a la opinión pública ante "las reiteradas publicaciones" acerca de la concesión.
Por su parte, el Gobierno asegura que España "cuenta con herramientas jurídicas y orgánicas que garantizan que el ejercicio del alto cargo se realice con las máximas condiciones de transparencia, legalidad y ausencia de conflictos entre sus intereses privados y los inherentes a sus funciones públicas".
"No es posible facilitar la información"
Así las cosas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez expone que "las decisiones adoptadas por los altos cargos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital cumplen escrupulosamente la normativa aplicable y, en particular, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado".
Además, en su respuesta parlamentaria el Gobierno se ampara en la Ley General de la Seguridad Social para dejar claro que "no es posible facilitar la información solicitada" por el PP "toda vez que los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración de la Seguridad Social en el ejercicio de sus funciones tienen carácter reservado".
Los mismos, añaden, "solo podrán utilizarse para los fines encomendados a las distintas entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros salvo que la cesión o comunicación tenga por objeto alguno de los contemplados en el citado artículo".
Anticorrupción sí investiga
Fue el pasado 22 de abril cuando el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, acordó abrir diligencias de investigación para analizar los contratos de emergencia del Gobierno de Pedro Sánchez que se incluyeron en la denuncia que presentó el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid.
En un decreto de siete páginas, el fiscal jefe indicaba que los hechos denunciados "revisten especial trascendencia" por lo que incoaba diligencias para el esclarecimiento de los mismos, abriendo así una investigación por cada una de las siete empresas "supuestamente favorecidas", entre las que estaban la citada Beedigital, tal como reveló este diario.
