Lastra sale escaldada de su “mangantes”, acorralada por las facturas de Valencia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanzaba en la sesión de control del pasado 11 de mayo un duro calificativo contra el PP: “mangantes”. Unas palabras gruesas que el PSOE ha incluido en su estrategia electoral de intentar vincular al PP con la corrupción de cara a las próximas elecciones andaluzas del 19 de junio.

Esta palabra, “mangantes”, ha sido esbrimida y reiterada por varios dirigentes socialistas desde entonces. La última este domingo donde la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, subía el tono y directamente en un mitin en Andalucía espetaba que “lo que no vamos a ser nunca es el partido de los mangantes que trincaban a manos llenas mientras empobrecían a los españoles, el Partido Popular”.

Sin embargo, apenas unas horas después estas palabras se le volvían en contra y le estallaban al PSOE en la cara con las informaciones aparecidas en las que presuntamente el PSOE en la Comunidad Valenciana tendría una trama de numerosas facturas falsas y sobornos a cargos socialistas valencianos en la que podría haber financiación ilegal del PSOE.

El levantamiento del secreto de sumario del caso Azud, donde están implicados varios ex dirigentes del PSPV-PSOE y donde el abogado del cabecilla de la trama es el hasta hace poco portavoz de Ximo Puig, ha pillado a los socialistas en plena estrategia de intentar usar la corrupción como ariete electoral, y las reacciones no se han hecho esperar, quedando Adriana Lastra, la artífice de las mayores acusaciones, en total evidencia.

El denominado caso Azud están implicados el ex subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio -cargo que dio el Gobierno de Pedro Sánchez pese a que ya estaba imputado- y el que fuera responsable de finanzas del PSPV-PSOE, José María Cataluña.

El abogado José Luis Vera, vinculado históricamente al socialismo valenciano, sería la pieza clave de esta trama de corrupción que haría de intermediario con el cabecilla, el empresario Jaime Febrer, quien elaboraría facturas falsas que en realidad eran sobornos para cargos socialistas. El abogado de Febrer es por cierto Manolo Mata, hasta hace un mes portavoz socialista y que dejó su cargo para centrarse en la defensa del presunto cabecilla.

Ante esta realidad, hoy en el PSOE impera la total ley del silencio o la de lanzar balones al aire tras quedar sus acusaciones de “mangantes” al PP. El propio presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se ha negado a responder preguntas en los actos públicos que tenía. Y mientras, las palabras de Adriana Lastra se le han vuelto como un boomerang que la deja sin argumentos en uno de los ejes de discurso que el PSOE está empleando de cara al 19 de junio.