Moncloa prepara su segundo asalto a la Justicia para salvar tres leyes en riesgo
La propia ministra de Justicia amenaza al Tribunal Constitucional con dos "dedazos" que lo escorarían a la izquierda. Justo cuando debe resolver sobre el aborto, la eutanasia, y la ley Celaá
Los magistrados del Tribunal Constitucional comienzan a tentarse las togas. Más aún, viendo como se las gasta el Gobierno progresista cuando no le gustan las mayorías en el Poder Judicial. Porque si antes fue el Consejo General del Poder Judicial el asaltado, ahora es el tribunal de garantías el que está en el punto de mira de La Moncloa.
No es cuestión baladí, este órgano constitucional en la actualidad de mayoría conservadora debe resolver a la vuelta del verano sobre leyes claves del sanchismo como la de Eutanasia o la ley Celaá de educación y con un asunto pendiente, la ley del Aborto de Zapatero. Casualidad o no, la intención del Gobierno de designar imperativamente a dos magistrados escoraría al TC a la izquierda.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha confirmado este lunes que ve "bastante viable" la posibilidad de que el Gobierno nombre a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde por cuota aunque no se renueve el CGPJ porque, ha resaltado, tienen que cumplir con la Constitución Española.
Pocas horas antes, la cadena SER había allanado esta posibilidad con una filtración desde el propio TC, en concreto desde la minoría afín al PSOE que lidera el polémico magistrado y exfiscal general, Cándido Conde Pumpido, el hombre de Ferraz en el Poder Judicial.
Lo ha hecho al poner en circulación la sentencia 191/2016 del propio órgano, que en su día sentenció que “la renovación en su integridad” del CGPJ o del Tribunal Constitucional es una “opción legítima” de los órganos designados al efecto. Y que en el caso de que solo una de las cámaras, “por los motivos que sean”, esté en condiciones de cumplir su cometido, el Gobierno no solo tendrá “el poder”, sino “el deber” de designar a los representantes que le corresponda para la “renovación” del Tribunal Constitucional o del CGPJ.
Por eso la ministra de Justicia ha sido preguntada este lunes acerca de si el Ejecutivo va a proceder a la renovación de los dos magistrados que le corresponden después de que este 12 de junio haya expirado el mandato de su presidente, Pedro González-Trevijano, del vicepresidente Juan Antonio Xiol y de los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares con la incertidumbre sobre cuándo y cómo serán sustituidos.
"Tenemos que estudiar todas las posibilidades y escenarios porque tenemos que cumplir con la Constitución, que es renovar a tiempo los órganos constitucionales", ha apuntado Llop en una entrevista en Radiocable.
Sin embargo, Llop espera que no continúe el bloqueo sobre el Poder Judicial y confía en que se retomen las conversaciones con el Partido Popular para la renovación. La Constitución dicta que este tercio de los jueces del TC deben renovarlo Gobierno y CGPJ, proponiendo dos candidatos cada uno, pero la falta de acuerdo entre PSOE y PP para pactar un nuevo CGPJ ha provocado que el actual no pueda nombrar a los suyos, lo que arroja dudas sobre si Moncloa puede actuar sola.
La titular de Justicia ha explicado que hay la citada doctrina del TC que avala la posibilidad de que cuando uno de los órganos que tiene que renovar por tercios, en este caso era una sentencia relativa a cuando el turno correspondía a Congreso de los Diputados y a Senado, "por un bloqueo que pudiera haber en la toma de acuerdos no se pudiera renovar, la posibilidad de cualquiera de los dos sí pudiera hacer ese gran acuerdo sin tener que esperar a otro".
Con todo, la titular de Justicia ha asegurado que el PP "tiene la llave de la renovacion" del CGPJ y la ha pedido que cumpla con la Constitución. "Lo tenía que haber hecho hace ya tres años", ha añadido.
En otra clave, la ministra ha hecho hincapié en que el Constitucional es un "órgano de naturaleza puramente política porque lo nombra el Congreso, el Senado, el Gobierno y el CGPJ, que a su vez lo nombra el Congreso y el Senado". Además ha apuntado que es de naturaleza política porque aplica un "instrumento político e interpreta un instrumento jurídico, pero también político, que