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El 'caso Pegasus' crece en los juzgados al sumarse una nueva acusación popular

La Asociación de Juristas Europeos Pro Lege quiere formar parte del proceso en el que se investiga el hackeo de los móviles de Sánchez, Robles y Marlaska.

Pedro Sánchez y Félix Bolaños

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A. J.

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El 'caso Pegasus' no deja de crecer en los juzgados después de que el magistrado acabase con el secreto . De hecho, todo apunta a que terminará por convertirse en uno de los procesos judiciales más importantes de nuestro país dada las implicaciones políticas que ha traído consigo. Ahora, el juez de la Audiencia Nacional encargado de investigar el supuesto espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, a través de sus teléfonos móviles ha admitido la personación de la Asociación de Juristas Europeos Prolege como acusación popular.

En un auto de este mismo viernes, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, accede a la petición de la asociación después del pago de 10.000 euros en concepto de fianza y con el fin de evitar el abuso o uso fraudulento de la figura procesal de la acusación.

Prolege se convierte de esta forma en la primera acusación popular dentro de esta causa. El magistrado rechazó el pasado mes de mayo hasta en dos ocasiones admitir la personación de la Generalitat de Cataluña bajo la misma figura por falta de legitimación. Y lo hizo, según explicaba, en tanto que no hay habilitación legislativa específica para que las personas jurídicas públicas, como es el caso de la Generalitat, pudieran ejercer la acusación.

La Fiscalía, por su parte, no se opuso a admitir la personación si Prolege cumplía dos criterios: la interposición de querella y el pago de la referida cantidad. Sin embargo, el magistrado, después de analizar doctrina del Tribunal Supremo, concluye que el primer extremo no es necesario.

"Si bien la formulación de querella no debería constituir una especial dificultad para quien ha de actuar en el proceso con asistencia de abogado, siguiendo la expresada interpretación amplia, el requisito en cuestión ha de entenderse como no necesario habida cuenta de que las actuaciones, si bien en un estado muy embrionario, se encuentran ya en trámite", justifica el juez.

Respecto a la fianza, el magistrado entiende que la fijación de la cantidad de 10.000 euros "resulta asequible, moderada, y ajustada a la naturaleza y relevancia de los hechos investigados en las presentes actuaciones". Especialmente, apunta, en tanto que busca evitar "acusaciones infundadas" o la utilización de la acusación popular "con fines espurios".

Posibles delitos de revelación de secretos

Calama empezó a investigar el 26 de abril, apuntando a posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos, tras la denuncia presentada por la Abogacía del Estado por la infección de los móviles del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa, una denuncia que fue ampliada posteriormente tras confirmarse también la intrusión en el teléfono de Grande-Marlaska.

En esa primera resolución, el instructor aportó detalles sobre la denuncia inicial presentada por la Abogacía del Estado, según la cual, tras el análisis de los dispositivos móviles del jefe del Ejecutivo y de la titular de Defensa realizados por el CERT el 30 de abril, "se ha tenido conocimiento de que los mismos fueron objeto de varias infecciones por la herramienta Pegasus, 'software' espía de dispositivos móviles, entre los meses de mayo y junio de 2021".

Los informes del Centro Criptológico Nacional sobre los móviles de Sánchez y Robles ponían de relieve que "el dispositivo móvil del presidente del Gobierno analizado fue infectado por Pegasus en dos ocasiones (el 19 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2021)", mientras que el de Robles habría sido infectado en junio de ese año.

En sendos casos, recogía Calama, los informes fijaban que "se produjo exfiltración de información", pero actualmente ninguno de los dos teléfonos presenta "indicadores conocidos de infección en curso de Pegasus".

La crisis con Marruecos, en el punto de mira

La primera de las intrusiones en el móvil de Sánchez se habría producido en el contexto de la entrada masiva de unos 10.000 inmigrantes en Ceuta entre el 17 y 18 de mayo de 2021 que precisamente llevó a Sánchez a visitar este segundo día la ciudad autónoma, así como Melilla, con el ministro de Interior.

La segunda habría tenido lugar cuando el presidente del Gobierno se encontraba con el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, en Alcalá de Henares con motivo de la XIII Cumbre Hispano-Polaca. Ese día, Marruecos publicó un comunicado en el que indicó que la crisis diplomática estaba motivada por la postura del Gobierno respecto al Sáhara, no por la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

En cuanto al teléfono móvil del ministro de Interior, el Gobierno informó después de que Grande-Marlaska sufrió dos ataques en el mismo junio de 2021. En el primero de ellos le fueron sustraídos 4 megas y en el segundo un volumen mucho más importante de información, 6,3 gigas.

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