El Tribunal de Cuentas destapa los “salarios extra” de varios altos funcionarios

El Tribunal de Cuentas ha detectado en su fiscalización salarios “extra” en especie a directivos de empresas o entidades del sector público empresarial no financiero a mayores de lo que estipulan sus contratos. Según recoge Europa Press, las empresas serían Enaire, SEPI, Tragsa y CDTI, y otros no incluidos en las nóminas, como es en el caso de Navantia.

Unos salarios que han sido destapados por el organismo público en su informe de fiscalización del sistema retributivo y de designación o contratación de los órganos de gobierno de las entidades del sector empresarial estatal no financiero, correspondiente al ejercicio del año 2018.

En él, se emplaza a estas entidades a reflejar en los contratos de sus directivos las retribuciones flexibles o en especie, sus conceptos e importes, y a remitir esta información para el Registro del Personal Directivo del Sector Público. Un tirón de orejas en el que el Tribunal de Cuentas recalca que las nóminas de los directivos “deberían acomodarse a los conceptos retributivos estipulados en los contratos”.

Por ejemplo, en el caso de Enaire paga a sus directivos un seguro médico, de vida y accidentes no estipulados en sus contratos y en Tragsa o CDTI una retribución variable en una especie de 'cheque comida', superando las retribuciones máximas para sus directivos. Algo parecido ocurre en Consorcio Zona Franca de Barcelona, con retribuciones en especie no contempladas en los contratos (coche, seguros de vida y accidentes, seguros de salud, aportaciones de pensiones y planes de jubilación) que, señala el Tribunal, en todo caso deberían descontarse del complemento de puesto y no del variable.

A todo ello hay que sumarle que el organismo ha encontrado en esta fiscalización, abonos de indemnizaciones derivadas del incumplimiento del plazo de preaviso estipulado en los contratos de sus directivos y altos cargos. Y aquí juega un papel importante la investidura de Sánchez en el año 2018.

Y es que durante los ceses de los máximos responsables de entidades en ese año, justo el de la moción de censura que provocó la salida del Gobierno de Mariano Rajoy y la llegada a Moncloa de los socialistas, con carácter general, no se respetó el plazo de preaviso. El resultado: un coste de al menos 76.315 euros adicionales a las indemnizaciones correspondientes.