La ofensiva de Díaz para acorralar a los empresarios y llenar la 'caja'

Después de que se aprobase la reforma laboral y el polémico cambio de contratos temporales a fijos-discontinuos, el Ministerio de Trabajo ha iniciado ya un proceso de búsqueda de irregularidades entre los empresarios para poder multar las infracciones en esta materia que se podrían estar cometiendo.

Ya lo advirtió la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el contexto de la Feria de Abril de Sevilla: las normas son claras y la Administración reforzará las inspecciones “para que se cumplan los derechos laborales”. Y así ha sido, ya que Trabajo ha llevado a cabo una de las mayores campañas de aviso por carta a empresarios de la legislatura.

Se tratarían de cartas que se habrían envidado a más de 83.600 empresas sospechosas de estar haciendo un uso irregular de contratos fijos-discontinuos y de contratos temporales, según fuentes del Ministerio de Trabajo que ha reflejado Europa Press. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, avanzó hace unos días que la Inspección pretende asegurar el cumplimiento de las condiciones de trabajo por parte de empresas de sectores vinculados a la estacionalidad.

Es decir, que esto supone un primer aviso a navegantes: o se regularizan esas sospechas, o en las próximas inspecciones de trabajo las multas podrían llegar a los empresarios. En concreto, según las fuentes consultadas, se han enviado ya tres remesas de cartas, dirigidas a más de 83.600 empresas y que afectan a 199.800 trabajadores.

La reforma laboral, que entró plenamente en vigor el pasado 30 de marzo, establece que el contrato de trabajo ordinario es el indefinido y que sólo pueden hacerse contratos temporales con causas muy tasadas: por circunstancias de la producción y por sustitución de otro trabajador con reserva de puesto de trabajo.

El primero sólo puede concertarse por incrementos ocasionales imprevisibles de la producción u oscilaciones de la demanda, por un tiempo máximo de seis meses, ampliables a doce si así lo establece el convenio colectivo sectorial de turno.

Esta causa podrá emplearse en situaciones previsibles, como las campañas de Navidad o agrícolas, por un periodo máximo de 90 días al año no consecutivos. En este tiempo, las empresas pueden realizar contratos temporales con causas que, aun siendo previsibles, tengan una duración reducida y limitada.

El contrato temporal por sustitución puede celebrarse para sustituir a personas durante una suspensión del contrato con reserva de puesto de trabajo, para cubrir la jornada reducida por causa legal o convencional, así como para cubrir vacantes durante un proceso de selección. En este último supuesto la duración del contrato no puede exceder de tres meses.

A ello se le suma que el Ministerio de Trabajo ha anunciado ya la puesta en marcha del "Plan Especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social" del verano. Este se encargará de "hacer frente a los riesgos a los que se exponen los trabajadores con la exposición a las altas temperaturas", tal y como explican desde el propio Ministerio. Un plan que incluye el envío de 115.000 cartas a empresarios de los sectores con actividades al aire libre, tales como hostelería, construcción, agricultura, ganadería, etc.

Díaz embolsa al Ministerio 393 millones por inspecciones

Y es que todas esas cartas prevén avisar antes de sancionar, pero la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ya ha afirmado que no se andarán con bromas y que se empezará a multar. De hecho, Díaz ha destacado que, en el caso de los autónomos, en los últimos dos años la Inspección de Trabajo ha levantado 60.221 actas por falsos autónomos con una recaudación de 393 millones de euros por cuotas no pagadas a la Seguridad Social.

En respuesta a una interpelación urgente del PP en el Congreso sobre las medidas para apoyar a los autónomos, Díaz ha contrastado estas cifras con las 13.268 actas y los 104 millones recaudados en este mismo sentido durante todo el mandato de Mariano Rajoy. Es decir, se ha triplicado la recaudación por esta vía sancionadora.

Junto a esto, la vicepresidenta también ha defendido que en los últimos dos años, marcados por la pandemia, se han destinado 11.000 millones en ayudas a este colectivo frente, ha cifrado, los 11 millones que se destinaron en todos los años de gobierno del PP con Rajoy.

¿Qué sanciones recoge la nueva ley?

Con la llegada de la reforma laboral muchas empresas están obligadas a recolocar trabajadores en otras obras o incluso formarlos. Los sectores que estacionalmente recurren a contratos temporales tienen que utilizar a partir del pasado 30 de marzo el contrato fijo-discontinuo, que tienen los mismos derechos que el resto de indefinidos y suelen estar ligados a la hostelería o a la construcción, mayoritariamente.

Sin embargo, no existe opción: o se transforman los contratos o las multas pueden ser importantes. Por tanto, teniendo en cuenta que la norma reduce a 18 meses en un periodo de 24 meses el plazo de encadenamiento de contratos para adquirir la condición de trabajador indefinido, frente a los 24 meses en un periodo de 30 meses vigente anteriormente, incumplir estas normas llevará a que el trabajador sea considerado indefinido.

Con la reforma, las sanciones por el uso fraudulento de la contratación temporal se han elevado desde los 8.000 euros a un máximo de 10.000 euros y se aplican por cada situación fraudulenta y no por empresa, como ocurría anteriormente. Por ello muchos expertos advierten: es mejor regularizar cuanto antes la situación contractual de los empleados y, de recibir una carta de Trabajo, contactar con la Administración lo más pronto posible y regulariza la relación laboral.

Los sindicatos lo tienen claro: más inspecciones y más multas

Por su parte los sindicatos mayoritarios, CC.OO. y UGT en Madrid piden ya más "cultura preventiva en las empresas" y un aumento considerable en el número de inspecciones por parte del Ministerio de Trabajo "no sólo sancionadoras", sino también en las administrativas.

Con ello, según advierten desde el sindicato, quieren que las empresas no escatimen solo en la regularidad de los contratos, sino en los medios técnicos correctos para la realización de los trabajos con todas las medidas de seguridad. Es, sobre todo, el caso de los trabajos como la construcción, albañilería, etc.

La secretaria de Salud Laboral de CC.OO. Madrid, Ana Belén Casado Peña, ha advertido de que, "al incrementarse la actividad productiva, está subiendo también el número de accidentes en el trabajo", por lo que los dos sindicatos señalan en el último informe de siniestralidad laboral dado a conocer a los medios, que es preciso "un mayor seguimiento por parte de los organismos competentes, una mayor concienciación de la sociedad y una mayor concienciación de las empresas en la integración de la prevención en las mismas para evitar fatales desenlaces".