Sánchez pacta con Bildu una Ley de Memoria que revisa juicios en la Transición
La formación abertzale ha vuelto a salir al rescate del presidente para apoyar la Ley de Memoria Democrática extendiendo hasta 1983 el periodo de aplicación de la ley.
La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua
Bildu ha vuelto a salir al rescate de Sánchez, dando vía libre en el Congreso a la Ley de Memoria Democrática. Pero no lo ha hecho gratis sino que ha arrancado al presidente un compromiso, que la aplicación de la norma vaya más allá de 1978, cuando se aprobó la Constitución, y se amplíe hasta 1983, cuando ya España era una democracia.
De esta manera, la formación abertzale abre la puerta a que se anulen y revisen juicios que se produjeron en la Transición, pues consideran que "las consecuencias del franquismo se mantuvieron" en el tiempo y "esto debería haberse reflejado".
Así, la portavoz del Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha explicado que esto incluiría a quienes sufrieron torturas o fueron objeto de la llamada 'guerra sucia' contra ETA durante los 5 años posteriores a la aprobación de la Constitución y podría afectar a los GAL en el primer año de gobierno de Felipe González, que llegó al Ejecutivo en octubre de 1982.
Además, el acuerdo entre el Gobierno y Bildu incluye convertir el Fuerte de San Cristóbal de Pamplona, perteneciente al Ministerio de Defensa y antigua cárcel franquista, en lugar de memoria antes de un año, junto a la cesión del Palacio de la Cumbre, el edificio fueron torturados y asesinados Lasa y Zabala, primeras víctimas de los GAL, al Ayuntamiento de San Sebastián.
Asimismo, ha explicado que gracias a una enmienda pactada con Bildu, la nueva norma garantiza la creación de una comisión independiente de expertos que estudie y realice un informe de conclusiones sobre "el esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura franquista mediante la recepción de testimonios, información y recopilación de documentos".
Otro de los pactos que la coalición abertzale ha sellado con los grupos del Gobierno contempla la declaración "explícita" en la ley de la "ilegalidad e ilegitimidad" de los tribunales franquistas constituidos a partir del Golpe de Estado de 1936, así "como la nulidad de todas sus resoluciones y condenas".
El acuerdo permitirá al PSOE y Podemos acercarse a la mayoría suficiente para aprobar la Ley de Memoria Democrática pese a la oposición del PP, Vox y ciudadanos y la falta de acuerdo con Esquerra, y es que el Gobierno también tiene atado el apoyo del PNV y de otras minorías.