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Sánchez usará a Rajoy contra un Feijóo silente

Pedro Sánchez ha preparado con sus colaboradores más cercanos un discurso en el que quiere hacer un repaso por lo que considera son los “logros” de su gobierno.

Pedro Sánchez

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La semana que arranca es la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha fijado como punto de partida de la recuperación de la iniciativa política y de las expectativas electorales del PSOE, que se han visto mermadas paulatinamente en los últimos tiempos. En el entorno del presidente consideran de vital importancia el debate sobre el estado de la Nación, que comienza el martes, y en el que Sánchez quiere arrancar con la ofensiva dialéctica que exigirá que difundan a las voces autorizadas de su partido a partir de ahora.

Pedro Sánchez ha preparado con sus colaboradores más cercanos un discurso en el que quiere hacer un repaso por lo que considera son los “logros” de su gobierno y está dispuesto a sacar pecho por una gestión de la crisis contrapuesta a la vivida en 2010, que devoró al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y que luego heredó Mariano Rajoy y combatió gracias a un rescate financiero de la UE a la banca española y a la aplicación de un amplio abanico de recortes y medidas de austeridad.

Frente a esas cifras de Rajoy, llevan en el entorno de Sánchez varios días preparando cifras y datos, así como estadísticas sobre destrucción y recuperación de empleo y otras acciones de cobertura social adoptadas por este Ejecutivo desde 2020, tras el estallido de la pandemia de la COVID 19, hasta la fecha.

Si bien el propio formato del debate favorece a cualquier Gobierno en ejercicio, que puede intervenir en cualquier momento, sin límite temporal, el entorno del presidente entiende que Sánchez tiene una ventaja adicional en esta ocasión, puesto que su rival, el líder popular, Alberto Núñez Feijoo, estará sentado en la bancada popular, pero viendo los toros desde la barrera y quien tendrá que lidiar con Sánchez será la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra.

El mismo martes veremos si las tesis de Sánchez y sus colaboradores son correctas y si, como prevén también en el entourage presidencial el discurso del líder de Vox, Santiago Abascal, sitúa al posible socio de un hipotético gobierno de Feijóo en el extremo, con un discurso extremo, mientras que sus socios de Unidas Podemos, que intervendrán inmediatamente después, dejan atrás la batalla antiatlantista y el presupuesto de Defensa y se centran en comentar lo dicho por la derecha parlamentaria y repasar los logros gubernamentales.

Lo que diga el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en cambio, no les ha quitado mucho el sueño, porque – y esa es la segunda parte de la “operación remontada” que planea Sánchez, el viernes tiene previsto acometer el “deshielo” de la relación PSOE-ERC, en la reunión con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. Retomarán la relación porque se necesitan tanto como se han necesitado siempre, ahora que Pedro Sánchez quiere recuperar el tiempo y los votos perdidos y ERC ve mayor inestabilidad si cabe en su alianza de gobierno con Junts a cuenta de la imputación y consiguiente inhabilitación de la presidenta del Parlament de Cataluña, Meritxell Borràs.

Tanto Sánchez como Aragonés quieren tener su legislatura en paz y, para ello, se necesitan, el uno para sacar adelante sus políticas en el Parlamento español y el otro para acudir al rescate, con el salvavidas del PSC, de un Gobierno que podrían romper los de Junts en cualquier momento. Qué duda cabe que el encuentro traerá cola y mucho ruido, pero lo que aseguran fuentes monclovitas es que no traerá bajo ningún concepto el debate sobre la autodeterminación sobre la mesa de diálogo. Se trata de desempolvar la vieja propuesta de modificar las penas de Sedición y Rebelión dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Se preguntarán quizás para qué, si los condenados ya fueron indultados por este mismo Gobierno.

No es a ellos a quienes beneficiaría la medida sino a una serie de cargos de la Generalitat que gobernaba el 1 de octubre de 2017, cuando se celebró el referéndum ilegal, que están pendientes de juicio y a quien ERC no quiere dejar “tirados”, según han trasladado a Moncloa en más de una ocasión.

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