La justicia europea da un paso vital para la extradición de Puigdemont
El Abogado general del TJUE da la razón al juez español Pablo Llarena y considera que Bélgica se extralimitó al negar la entrega del exconseller Lluis Puig.
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont
La extradición de Carles Puigdemont está un poco más cerca, después de que el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya concluido este jueves que los Tribunales belgas no pueden denegar la ejecución de las euroórdenes emitidas por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena contra los encausados por el 'procés' basándose en el riesgo de que se violen sus derechos fundamentales.
De hecho, estima que para llegar a tal concluisón debe demostrar deficiencias sistémicas y generalizadas en España, al mismo tiempo que no puede poder en duda las competencias del Supremo como autoridad para emitir estas órdenes.
Aún así, la opinión del Abogado General no es vinculante para el TJUE pero en la gran mayoría de los casos las sentencias dictadas por la Justicia europea siguen la línea marcada por estos dictámenes. El veredicto firme no llegará hasta que comience el nuevo curso político a partir de septiembre y entonces, el asunto puede volver a los tribunales belgas.
Llarena acudió a la Justicia europea para aclarar tanto el alcance de la emisión de las Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) emitidas por el Tribunal Supremo contra varios encausados por su papel en el 'procés', entre ellos el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, como las razones para denegar la ejecución de tales euroórdenes.
El magistrado del Tribunal Supremo dirigió la cuestión prejudicial al TJUE en marzo de 2021 después de que la Justicia belga rechazara entregar a las autoridades españolas al exconseller Lluis Puig, al considerar que el tribunal competente para reclamar su extradición debería ser el catalán y que de ser entregado en España podrían ponerse en riesgo derechos fundamentales como la presunción de inocencia, algo que ahora la Abogacía Europea rechaza de plano.
De hecho, recuerda en su dictamen el "principio de confianza mutua" entre los Estados miembros que prima en materia judicial y lo defiende como un elemento "de importancia capital" que debe aplicarse plenamente para proteger el espacio sin fronteras dentro de la UE y simplificar la cooperación judicial para "luchar contra la impunidad".
