Otoño caliente para Sánchez: los funcionarios saldrán a la calle por el IPC

Sánchez tiene por delante un otoño caliente. Cuando el Ejecutivo aún no ha hecho las maletas para irse de vacaciones ya sabe que a la vuelta tendrá que enfrentarse a los funcionarios, que están en pie de guerra ante la negativa del PSOE a revalorizar sus salarios conforme al IPC, al igual que hará con las pensiones.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha anunciado este viernes que en septiembre organizará una "gran movilización en Madrid" para "trasladar al Ejecutivo el malestar" de los empleados públicos y exigir una actualización de sus salarios ante el repunte de la inflación, que en junio se situó en el 10,2% y en el 5,5% en el caso de la subyacente.

Además, el enfaddo con el presidente es mayúsculo pues al término del Debate sobre el Estado de la Nación, el Grupo Parlamentario Socialista votó en contra de una propuesta de resolución planteada por su socio de Gobierno Unidas Podemos en la que, entre otros puntos, se planteaba la actualización de las retribuciones de los empleados públicos con la inflación prevista más un porcentaje que permita recuperar en dos años la pérdida del poder adquisitivo perdido en 2022.

El sindicato también incluirá hace un llamamiento a que se sumen a esas protestas los trabajadores de la empresa privada y al resto de la ciudadanía, según ha informado en un comunicado, pues acusa al Gobierno de ignorar "las legítimas reclamaciones salariales de trabajadoras y trabajadores, tanto de la empresa privada como de las administraciones públicas" e insta al Ejecutivo a "dar ejemplo a la empresa privada" con una subida salarial en las administraciones.

Junto a ello, añaden que el Grupo Parlamentario Socialista rechazó en bloque otra propuesta de resolución en la que se reclamaba un pacto de estado por los servicios públicos para mejorar la financiación de la educación, la sanidad y lo servicios sociales, así como la ratio de profesionales, entre otros puntos.

Así, reclaman "el refuerzo de las plantillas y que se ponga fin a la tasa de reposición", por lo que estiman que "sería oportuno que el Congreso aprobara resoluciones en este sentido, una vez que ha manifestado su preocupación "por el deterioro de los servicios públicos en ámbitos fundamentales del Estado del Bienestar".

Por su parte, desde UGT también han avisado de movilizaciones, pero esta vez no contra el Gobierno, con el que mantienen una excelente sintonía a través de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sino contra la CEOE, a la que han emplazado a desbloquear el acuerdo de salarios "o tendrán movilizaciones más fuertes en septiembre o en octubre", ha advertido.

El secretario general de UGT Pepe Álvarez ha reseñado que las protestas que se han desarrollado contra la patronal en las últimas semanas, bajo el lema, como ha recordado, 'Salarios o conflicto', "han sido solo un pequeño aperitivo si no se sientan a negociar la subida de los salarios".

Mientras tanto, el Gobierno ha conseguido paralizar a golpe de nueva ley y de talonario la amenaza de los transportistas de volver a la huelga. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado este jueves un nuevo paquete de medidas de 450 millones de euros para replicar las ayudas directas a camiones, autobuses y taxis que ya se entregaron el pasado mes de marzo.

El Gobierno aplaca a los transportistas con ayudas

De esta forma, el Gobierno otorgará 1.250 euros por camión, 950 euros por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por vehículo ligero, es decir, a taxis, VTC y ambulancias, según ha informado la ministra en una rueda de prensa.

En esta ocasión, a diferencia del paquete aplicado en marzo, se incluirá en las ayudas a los autobuses urbanos, al mismo tiempo que se habilitará al resto de administraciones a poder realizar un reequilibrio de los contratos públicos para compensar a las empresas por el incremento del precio de los carburantes.

De forma paralela, la ministra ha avanzado que la nueva Ley de la Cadena del Transporte, que tiene como principal objetivo prohibir el trabajo a pérdidas en el sector en línea con la Ley de la Cadena Alimentaria, se llevará al Consejo de Ministros antes del próximo 2 de agosto.

La obligación de firmar por escrito los contratos, estipulando el precio que el transportista cobrará por cada servicio de forma separada, es alguno de los elementos que incluirá esta nueva regulación.

La Plataforma Nacional de Defensa del Sector del Transporte, entidad que convocó los paros en marzo, han valorado de forma positiva el anuncio y han señalado que el Gobierno ha movido ficha "en respuesta al ultimátum que dimos desde Plataforma la semana pasada, exigiendo un Real Decreto-Ley que contemplara como punto principal la prohibición de la contratación a pérdidas en el transporte y que entrara en vigor en los próximos días, el Gobierno se ha comprometido con Plataforma a la creación de dicho Real Decreto-Ley estando este en disposición para su aplicación como máximo el próximo 2 de agosto".

Así, ha felicitado "a todos los socios y seguidores de Plataforma por haber sido capaces de conseguir poner encima de la mesa una reivindicación perseguida durante muchos años y conseguida por los propios transportistas mediante este movimiento".