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El Gobierno provoca un nuevo cisma en el CGPJ con su dedazo tras Dolores Delgado

Parte de los vocales censuran la designación de Álvaro García Ortiz por su falta de imparcialidad. Mientras, Carlos Lesmes insta al Consejo a consensuar dos nombres para el TC.

El próximo fiscal general, cuestionado en la cúpula del Poder Judicial.

El próximo fiscal general, cuestionado en la cúpula del Poder Judicial.

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Miguel Blasco

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Los siete vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que este jueves han votado en contra de la candidatura del Álvaro García Ortiz para encabezar la Fiscalía General del Estado han emitido un voto particular en el que explican que "no es idóneo" porque no ven en él la imparcialidad requerida para el cargo debido a "una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo" que fundan, principalmente, en su cercanía a la fiscal general saliente, Dolores Delgado.


En un escrito de ocho folios, los vocales Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez, Juan Manuel Fernández, José María Macías, Nuria Díaz y María Ángeles Carmona muestran su discrepancia con los otros doce miembros del CGPJ, entre ellos su presidente, Carlos Lesmes, que han aprobado el acuerdo por el que el órgano de gobierno de los jueces avala la propuesta de nombramiento de García Ortiz.

Los vocales críticos explican que no albergan dudas sobre "las condiciones objetivas" que debe cumplir el actual jefe de la Secretaría Técnica de la FGE para suceder a Delgado, esto es, ser un jurista de reconocido prestigio con al menos quince años de experiencia profesional -"no se pone en cuestión ni lo uno ni lo otro"-, si bien afirman que "el candidato propuesto no es idóneo para desempeñar el cargo" porque "no cumple con el requisito de imparcialidad".

En primer lugar, aducen que su trayectoria "se liga de manera intensa, desde la responsabilidad reciente que ha ocupado, a la de la fiscal general recién dimitida, cuya idoneidad ya resultó controvertida". El aval a Delgado ya contó con un voto particular que afeaba igualmente su "apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo" por saltar a la FGE directamente desde el Ministerio de Justicia.

"Desgraciadamente, el tiempo y los hechos han dado la razón a quienes negamos esa idoneidad (a Delgado) y, en lo que parece -y para valorar la idoneidad desde la perspectiva de la confianza pública, las apariencias cuentan-, algunos de los episodios no elogiosos producidos durante esa época no son ajenos a la gestión del candidato propuesto", dicen.

En este sentido, indican que "circunstancias nada claras y perjudiciales para el crédito del Ministerio Público, como los expedientes seguidos en relación con el fiscal Ignacio Stampa, o la respuesta proporcionada a la Sala del Tercera del Tribunal Supremo para insistir en nombramientos relevantes de la Fiscalía declarados nulos, son episodios que se relacionan con la gestión del candidato propuesto".

Además, aluden a la participación de García Ortiz hace años en un acto organizado en Galicia por la Fundación IDEAS, vinculada al PSOE, como "un serio impedimento para garantizar ante la ciudadanía la imagen de imparcialidad e independencia que ha de exigirse a un fiscal general del Estado".

Renovación del Constitucional

Precisamente este jueves, Lesmes ha anunciado su intención de convocar un Pleno extraordinario del CGPJ para el próximo 8 de septiembre y ha exhortado a los vocales a consensuar para entonces el nombre de los dos candidatos al Tribunal Constitucional que compete designar al órgano de gobierno de los jueces.

Según ha informado el CGPJ, ha aprovechado el pleno ordinario celebrado este jueves para comunicar a los vocales que el 8 de septiembre convocará uno extraordinario para debatir la propuesta de nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional.

Lesmes ha dado este paso después de que las Cortes hayan aprobado en la última semana la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que devuelve al CGPJ su capacidad para hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial pero solo para designar a sus dos candidatos al TC.

La reforma impone a los vocales un plazo máximo, hasta el 13 de septiembre, para que formulen su propuesta a la corte de garantías. En unas recientes declaraciones, Lesmes se comprometió a convocar un Pleno para que diera tiempo, pero subrayó que la designación depende de que al menos 12 vocales se pongan de acuerdo, algo que -dijo- no puede garantizar.

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