Baltasar Garzón presiona al Gobierno para volver a la carrera judicial

Solo unos días después de su pareja, la fiscal Dolores Delgado, renunciara a sus responsabilidades al frente del ministerio público, el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se ha dirigido al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que inste al Gobierno a cumplir con la obligación de otorgar la ‘reparación integral’ que el propio Comité señaló hace casi un año, lo que supondría su reinserción en la judicatura.

En un comunicado, Garzón expresa su "profunda preocupación por el llamativo desprecio de los derechos humanos y de la autoridad de mecanismos de la ONU que el silencio del estado español representa", ya que asegura que el Gobierno de España tenía de plazo hasta el pasado 25 de abril para implementar el dictamencondenatorio del Comité en el caso Garzón contra España que emitió en agosto de 2021.

En su opinión, el dictamen del Comité declara, por unanimidad, que España había incurrido en múltiples violaciones de los derechos de Baltasar Garzón, que fue condenado por el Tribunal Supremo por vulnerar el derecho de defensa de los imputados en el caso Gürtel al escuchar las conversaciones que mantenían con sus abogados.

Con esta misiva, Garzón mueve ficha para intentar recuperar su condición de magistrado en la Audiencia Nacional con el mantenimiento de antigüedad y escalafón. "Es un principio fundamental del derecho internacional (...) que frente a las violaciones de derechos humanos el Estado responsable tiene la obligación 'de devolver a la víctima la situación anterior a la violación', como una parte imprescindible de la reparación", apunta.

Pero no solo eso. En el texto también recuerda que no se ha cumplido "con la obligación de anulación de los antecedentes penales". Y pide, además, que el Ejecutivo emita una "disculpa pública" reconociendo la responsabilidad del Estado en la violación de sus derechos humanos, que el dictamen se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) o que se le abone una "indemnización" a fin de compensar "los daños materiales y morales".

En cuanto a la adopción de medidas de no repetición, el exjuez considera que habría que modificar la definición del delito de prevaricación, así como la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) o la Ley de Enjuiciamiento Criminal "a fin de garantizar el derecho a la doble instancia penal de todos, incluyendo quienes estén sometidos a proceso por el Tribunal Supremo", termina aconsejando el escrito de defensa de Garzón.