Bancos y eléctricas se rebelan contra Sánchez y Echenique se pone chulo

La creación de un impuesto a la banca y a las compañías eléctricas como medida para paliar la crisis económica y la inflación fue la gran medida estrella que presentó Pedro Sánchez en el Debate sobre el Estado de la Nación. Sin embargo, las grandes empresas han avisado de su arbitrariedad y ya han avisado con recurrirlo, al tiempo que desde el ala socialista del Gobierno se ha amenazado con legislar para evitar que repercuta al ciudadano.

Para ello, aseguran que se va a dotar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de todas las funciones para que vigile y aplique sanciones en caso de que alguna empresa se separe de la legalidad.

Pero desde Podemos han sido mucho más duros y, en su intento de presentarse como defensores del ciudadano, han ido más allá y han remitido al PSOE una propuesta para crear un nuevo delito fiscal para las eléctricas y entidades financieras que repercutan subidas de impuestos a los consumidores, que contempla penas de hasta diez años de prisión para los directivos que incurran en esta práctica.

Estos dos motivos, el impuesto y la posible pena de prisión que proponen los morados, han puesto en pie de guerra a las compañías, que han tildado de injusta la nueva tasa, por lo que están estudiando la posibilidad de llevarlo a los tribunales, aunque esperarán a conocer la letra pequeña, pues poco se sabe de los detalles, más allá de la recaudación que espera conseguir el Gobierno, alrededor de 7.000 millones en dos años.

Pero el sentir general en ambos sectores es que quieren criminalizarlos, además de señalar que supondrá poner en riesgo la estabilidad financiera . De hecho, la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, afirmaba este jueves que, debido a la presión del Gobierno, "no resulta en la actualidad políticamente correcto", presentar unos resultados anuales que suponen un incremento del 11% del beneficio, "al encontrarnos inmersos en un entorno en el que, de nuevo, cobra idea la maldad intrínseca de los bancos y sus abusos ante las clases más desfavorecidas y de que un inesperado, se dice, incremento de tipos de interés termina siendo fuente de beneficios adicionales injustificados e injustos".

Además, tras conocer la propuesta de la la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, de establecer penas de cárcel para los empresarios ha asegurado que es "una provocación a la que es mejor no contestar".

Penas de prisión de dos a diez años para los banqueros

Concretamente, la formación estipula un nuevo artículo, el 284 bis del Código Penal, que marca un castigo de uno a cinco años de prisión, y una multa de 12 a 24 meses, para los administradores de grandes compañías de servicios y bienes de primera necesidad, que alteren precios de venta a los clientes para trasladar la carga de modificaciones tributarias que afecten a su actividad económica.

Es más, incluye un agravante para el caso de entidades que operen en sectores estratégicos de la economía nacional y cuando la conducta afecte "gravemente" al interés general, que eleva la pena de prisión de dos a diez años, al igual que la multa económica, que sube de dos a cinco años.

Unas declaraciones que han sido respondidas por el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, que ha sacado a relucir su lado más chulesco. La "provocación", según el diputado, es de los bancos y le ha retado a montar un partido si quiere legislar.

Echenique ha enfatizado que lo que es una "provocación es que los bancos estén amenazando con repercutir a los precios finales una subida impositiva". En una entrevista en Radio Nacional, además ha advertido que esto iría en contra de la Constitución Española, a la par que ha recalcado que no pueden estar por encima de la ley en este sentido por "muchos privilegios que tengan".

Además, ha señalado que las leyes se hacen en la sede de la soberanía popular: "Si ella quiere legislar pues que monte un partido y se presente a las elecciones. De momento, que yo sepa, Bankinter no tiene diputados en el Congreso".

Por ello, ha avisado a la consejera de Bankinter que tendrá que ajustarse a la legalidad como cualquier ciudadano. "Habría que saber cuánto dinero gana", ha apuntado.

Calviño se reúne con el sector

Mientras, desde el ala socialista intentan calmar los ánimos. La vicepresidenta Nadia Calviño, al igual que hizo Teresa Ribera con las eléctricas, ha convocado a los bancos a una reunión este viernes, y aunque no está en el orden del día el nuevo impuesto, se tocará el tema con el sector financiero.

Del mismo modo, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha intentado tener un tono conciliador y ha asegurado que está convencido de que la banca "va a estar de acuerdo en ayudar y llevar ingresos para que ese escudo de protección a los que se están viendo más afectados se pueda desplegar adecuadamente", ha dicho en una entrevista en 'Espejo Público'.

Pero este tono ha saltado por los aires cuando ha insistido en que el sistema financiero español "está infragravado fiscalmente respecto a otras actividades económicas" y ha apostillado que "en esta situación tan complicada para las rentas familiares hay sectores de la economía, como el de las energéticas o el bancario que están teniendo unos resultados empresariales extraordinarios y extremadamente elevados".

Así las cosas, parece que el nuevo impuesto creado será un auténtico quebradero de cabeza para un Gobierno que ha apostado por la improvisación y el populismo para intentar dar un golpe de efecto y frenar su caída, colocando a las empresas en el punto de mira.