Dos años del Ingreso Mínimo Vital: una “ayuda” repleta de burocracia y barreras

Tras los meses más duros del confinamiento por la pandemia de coronavirus y ante la crisis económica brutal a la que empezaba a acercarse España, al igual que el resto del mundo, el Gobierno de coalición decidió aprobar una de sus promesas estrella tras el pacto de investidura del 2019: el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Muy mencionado por los medios y desconocidos por una buena parte de la población, se trata de una prestación dirigida a “prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas”. O por lo menos esa es la definición que recoge el propio Ministerio de Seguridad Social.

Y es que el propio Gobierno ha definido esta paga mensual, que está a punto de cumplir dos años de vigencia, como “un derecho subjetivo a una prestación económica, que forma parte de la acción protectora de la Seguridad Social, y garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica”. Una subvención para personas en riesgo de pobreza o exclusión social que ha tenido siempre un gran problema tras su aprobación: la complejidad para que sea otorgada.

Y es que en un principio, menos de un 10% de las personas que hicieron el trámite para conseguir la subvención lograr finalmente este ingreso del Estado. “Persigue garantizar una mejora real de oportunidades de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias”, explicaba el ministro Escrivá a principio de 2020. Eso sí, pocos españoles lograron tenerla el primer año.

"Ha sido un reto desde el punto de vista de la gestión si tenemos en cuenta que en estos casi dos años se han tramitado cerca de 1,9 millones de solicitudes, una cifra superior, por ejemplo, a las 700.000 solicitudes de pensiones que llegan a la Seguridad Social cada año”, ha tratado de matizar estos últimos meses el ministro, tratando de esquivar ese “prejuicio” de que lograr la subvención es complicado.

Solo un 40% de los solicitantes lo logran

Lo cierto es que, detrás de esta subvención, las complejidades para obtenerla, a día de hoy, siguen siendo enormes. Y es que, para un beneficiario individual este ingreso no llega a los 500 euros, concretamente 491,63 euros. Una cantidad que se eleva un 22% este año si el perceptor tiene un grado de discapacidad igual o superior al 65%. Pero de todos ellos, según datos sindicales, solo un 40% aproximadamente lo obtienen.

Y las cifras no son mucho mejores en el caso del ingreso para la unidad de convivencia, cuya cuantía va desde 639,12 euros hasta 1.081,59 euros, dependiendo de la cantidad de personas que vivan en la sima unidad familiar, ya que según datos de la Seguridad Social entorno a un 38% de ellos logran tener el IMV.

De hecho, según ratificó la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el IMV ha llegado en el conjunto de España a 284.000 hogares, el 40% de sus beneficiarios potenciales (700.000), y cubre al 22% de los hogares en riesgo de pobreza (1,3 millones), lo que deja fuera al 60% de potenciales beneficiarios y al 78% de dichos hogares.

Aumento en el IMV, mismos problemas para acceder a la ayuda

El pasado 29 de marzo el Consejo de Ministros aprobó un aumento del Ingreso Mínimo Vital hasta alcanzar un 15% extra durante tres meses. Una medida, que pretende aumentar la protección de los beneficiarios, sobre todo ante el auge desbocado de los precios con un IPC que sobrepasa el 10%.

Sin embargo, la Plataforma 'Renta Mínima de Inserción (RMI) Tu Derecho' considera que el aumento del Ingreso Mínimo Vital (IMV) "no soluciona los problemas" de la población ya que existe un porcentaje "elevadísimo" de denegaciones de esta ayuda. "La población que lo necesita, no lo tiene”, han asegurado desde la plataforma.

Plataforma Renta Mínima de Inserción Tu Derecho: "El Gobierno tiene que corregir totalmente el IMV porque tiene problemas de fondo en su gestión y contenido"

“El Gobierno tiene que corregir totalmente el IMV porque tiene problemas de fondo en su gestión y contenido”, ha señalado portavoces de la plataforma. Y no son los únicos que lo denuncian: desde la Asociación de directoras y gerentes de Servicios Sociales alertan de que solo un 9% de la población que vive bajo el umbral de pobreza ha llegado a beneficiarse de esta ayuda a principio de este mismo año.

Datos que desde el ministerio de Escrivá niegan aunque lo que está claro es que, tal y como advierte Caritas, el número de solicitudes a este tipo de ayudas, así como al bono de alquiler anunciado por el Gobierno a principios de año, se va a incrementar por la terrible situación económica que atraviesa España, fruto de la guerra de Ucrania y de la inacción del Ejecutivo.