El Gobierno se desentiende de sus propios recortes y abre una guerra con Ayuso

Egoísta y poco solidaria. Estos son algunos de los calificativos que ya ha lanzado el Ejecutivo contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ya ha avisado de los problemas de inseguridad y del frenazo económico que supondrán los recortes impuestos para ahorrar energía, además de recordar que hay medidas que tendrán que salir del bolsillo de los españoles, ya de por sí castigados por la crisis económica.

La dirigente del PP ha avisado de que "Madrid no se apaga", ha señalado Ayuso en un mensaje publicado en la red social Twitter. Para la presidenta madrileña, la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez "genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo".

"Provoca oscuridad, pobreza, tristeza, mientras el Gobierno tapa la pregunta: ¿qué ahorro se va a aplicar a sí mismo?", ha lanzado la líder del Ejecutivo madrileño, después de que se conocieran el grueso de los detalles del real-decreto de medidas de ahorro y eficiencia energética que recoge la obligatoriedad en edificios públicos, espacios comerciales y grandes almacenes, infraestructuras de transporte (aeropuertos y estaciones de tren y autobús), espacios culturales y hoteles de limitar a 27 grados el uso del aire acondicionado en verano y a 19 grados la calefacción en invierno.

Además, esta norma también obligará a apagar las luces de escaparates y edificios públicos que estén desocupados a partir de las 22.00 horas, una medida para la que tendrán siete días para su cumplimiento.

Junto a ello, obligará a que antes del 30 de septiembre tanto edificios como locales dispongan de cierres automáticos en las puertas de acceso para impedir que se queden abiertas permanentemente y la exigencia de someter a una revisión extraordinaria las calderas e instalaciones antes del 31 de diciembre de 2022 a aquellos edificios obligados que hayan realizado el anterior trámite antes del 1 de 1 de enero de 2021.

Pero estas dos medidas suponen un desembolso importante para los ciudadanos, algo que ha puesto de manifiesto la presidenta regional que, a través de las redes sociales se ha preguntado: "Y todas estas reformas, ¿quién las paga?".

Por ello, desde el Gobierno y una vez que Ayuso ha alertado de las consecuencias, ya ha lanzado una nueva campaña de ataque contra la presidenta madrileña desde todos los frentes posibles. La vicepresidenta, Nadia Calviño, ha sido especialmente dura desde los micrófonos de la Cadena Ser, donde ha tildado a la presidenta de poco solidaria y egoísta.

"Un Real Decreto Ley hay que cumplirlo, pero vamos, ya estamos acostumbrados a este tipo de respuestas de la señora Díaz Ayuso, que siempre demuestra egoísmo y falta de solidaridad. Eso no refleja el espíritu de esta gran comunidad que es Madrid, de la que yo estoy muy orgullosa", ha dicho Calviño.

En términos similares se ha expresado, la vicepresidenta Teresa Ribera, en este caso desde Telecinco, donde ha aseverado que "como madrileña, no quiero que me vean como una pequeña aldea gala que, junto con Orban, se alía con Putin", ha dicho.

Anteriormente, en declaraciones a Antena 3, la vicepresidenta tercera del Gobierno también había asegurado que "cada cual se retrata con sus palabras y hechos". "Hablamos de solidaridad europea en contraposición con algo que muestra muy poca solidaridad", insistiendo en que de lo que se está hablando es "de respetar el orden constitucional y los compromisos asumidos con Europa".

El Gobierno se desentiende de su aplicación

Pero, por otra parte, al margen de confrontar directamente con Ayuso, lo cierto es que, una vez más, el Gobierno se desentiende de sus propias medidas, pues serán precisamente las comunidades autónomas las que se encarguen de implantarlas.

Al igual que ocurrió con la pandemia, serán los dirigentes regionales los que tengan que controlar que se cumplan las medidas planteadas, que por otra parte, ya han generado incertidumbre y malestar entre los comerciantes y hosteleros, que rechazan las medidas por distintos motivos.

De hecho, hay algunos sectores, como el de los helados, para los que poner el aire acondicionado a 27 grados podría suponer la pérdida de su producto, al tiempo que los servicio de hostelería y peluquería consideran que aleja la clientela, al ser una temperatura demasiado elevada.

Más medidas en septiembre

Del mismo modo, obligar a los comercios a tener las puertas cerradas supondrá, según el sector, que muchos clientes no entren en las tiendas con las consecuentes pérdidas económicas que podría conllevar en un momento ya de por sí dificil para el sector.

Sin embargo, la escala de restricciones por parte del Gobierno no se quedará ahí, sino que la vicepresidenta, Nadia Calviño, ya ha asegurado que en septiembre llegarán medidas adicionales para aumentar el ahorro, acelerar el despliegue de las energías renovables y aumentar la capacidad de almacenamiento del gas: "España puede servir como almacén para todo Europa", ha asegurado.