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Madrid llevará a los tribunales los recortes de Sánchez y éste redobla su ataque

El presidente del Gobierno ha tildado la postura de Ayuso de "comportamiento egoísta, insolidario y unilateral" al rechazar aplicar el plan de ahorro energético.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno

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Andrea Jiménez

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La Comunidad de Madrid está evaluando la posibilidad de llevar ante la Justicia el decreto que establece las medidas restrictivas para ahorrar energía, un aviso que ha hecho que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, redoble los ataques contra la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, desde Palma de Mallorca, tras su encuentro con Felipe VI.

El vicepresidente y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, ha avanzado que la Comunidad de Madrid analizará "seriamente" el Real Decreto de medidas de ahorro y eficiencia energética del Gobierno central y "si no es constitucional", lo recurrirá.

"Todo aquello que nos parezca negativo para los madrileños y también, por supuesto, para los españoles, la Comunidad de Madrid, dentro de su ámbito de competencias, que no sea normativa básica, evidentemente no lo va a aplicar", ha señalado en declaraciones a los periodistas en su visita al colegio público Tempranales de San Sebastián de los Reyes.

Ossorio ha hecho hincapié en que "el Gobierno de Sánchez hizo varios decretos, leyes, declaraciones de Estados de alarma durante la pandemia también de tinte autoritario como este decreto, que fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional". Además, ha incidido en que "adoptó muchas medidas que no consiguieron mejorar la salud, pero sí consiguieron hundir la economía, y eso es en lo que la Comunidad está totalmente en contra".

Unas declaraciones que corroboran lo que ya venía avisando Ayuso, que "Madrid no se apaga", algo que ha calificado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez como una "insumisión" que "no representa a España".

Así, el jefe del Ejecutivo ha atribuido a la presidenta de la Comunidad de Madrid un "comportamiento egoísta, insolidario y unilateral" al rechazar aplicar el plan de ahorro energético que aprobó este lunes el Consejo de Ministros, haciendo un llamamiento para que se sume a la "solidaridad" que está reclamando la Unión Europea.

Así se ha pronunciado Sánchez desde el Palacio de La Almudaina, en Palma de Mallorca, en una intervención ante los medios de comunicación tras su despacho estival con el Rey Felipe VI sobre las criticas de Ayuso a estas medidas, que pasan por apagar los escaparates a partir de las 22.00 horas, entre otras iniciativas.

En este contexto, Sánchez ha querido hacer una valoración a este respecto, y, sin pronunciar el nombre de la mandataria madrileña, ha hecho un "llamamiento" a los partidos políticos y administraciones territoriales para que "huyan de cualquier comportamiento egoísta, insolidario y unilateral", en referencia velada a las criticas de Ayuso, al tiempo que ha zanjado que "la ley se cumple".

Aun así, según ha explicado la propia vicepresidenta primera, Nadia Calviño, serán las comunidades autónomas las que se encarguen de velar por el cumplimiento de las medidas de ahorro energético, y el presidente del Gobierno ha avanzado que habrá sanciones, aunque no ha explicado cuáles serán.

Multas millonarias por incumplir las medidas

De hecho, el texto publicado este martes en el BOE no incluye las multas que tendrán que afrontar aquellos que incumplan medidas como el límite de climatización o los cierres obligatorios en las puertas para evitar el despilfarro energético.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo han explicado que las sanciones que se aplicarán serán las recogidas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE), dispuestas a su vez los artículos 30 a 38 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, sobre infracciones administrativas.

Por ello, los espacios comerciales, edificios públicos, espacios culturales y hoteles que incumplan el plan de ahorro y eficiencia energética aprobado por el Gobierno afrontarán multas de hasta 60.000 euros por infracciones leves, de hasta seis millones de euros por las graves y de hasta 100 millones de euros por las muy graves.

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