Periodistas plantan cara a Moncloa por las trampas ocultas de su ley de secretos

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha rechazado el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada al considerar que "limita los derechos de libertad de expresión e información".

Por ello, la federación, con la participación de la Asociación de la Prensa de Madrid, ha realizado varias alegaciones al texto del Gobierno al entender que "el desarrollo de su articulado limita los derechos de libertad de expresión y de información bajo la justificación de la salvaguardia de la seguridad y de la defensa nacional".

Además, ha mostrado "sorpresa y rechazo porque solo exista un plazo de 3 al 12 de agosto para participar, en pleno mes de agosto, tradicionalmente vacacional, sin que entienda que se justifica el trámite de urgencia".

Entre otros aspectos, considera que debería establecerse que el acceso por parte de un periodista en el ejercicio de su profesión a información clasificada como confidencial o restringida "no le obliga a guardar reserva de su contenido y no debe ser sancionable su publicación en cualquier medio de información".

"Además, no cabe concebir como conocimiento indebido de información clasificada el que resulte de las investigaciones periodísticas", apunta la FAPE.

Asimismo, reclama la supresión de consideración como infracción grave o leve, la difusión por los medios de información de informes o informaciones clasificadas como confidenciales o restringidas a las que hayan tenido acceso los periodistas en el ejercicio de su profesión, sin que en estos supuestos estén obligados los periodistas o los medios informativos a entregar dichos informes o información a ningún funcionario público.

La organización de periodistas insiste en que "la ley que se pretende aprobar supone, tanto una limitación al derecho constitucional a comunicar o recibir libremente información veraz como al también derecho constitucional de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, con los limites que establece la norma constitucional en cuanto a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas".

También rechaza "que impida o recorte tanto en el acceso a la información como su publicación estableciendo graves sanciones para quien la contravenga, en lugar de recordar la obligación de la Administración de informar a los ciudadanos sobre el desarrollo de las políticas del Estado o del funcionamiento del sector público, las negociaciones políticas o comerciales de España con otros Estados, los intereses económicos o industriales, el funcionamiento de los servicios públicos o la prevención, detección e investigación de delitos".

FAPE mantiene que "no hay ninguna causa" que justifique la tramitación del Anteproyecto de Ley por el trámite de urgencia.

En este sentido, aclara que "toda norma que afecte a derechos constitucionales, máxime si supone la limitación de tales derechos, debe contar con la participación ciudadana y de sus organizaciones a través del procedimiento legalmente regulado y omitir dicho trámite por la vía de la tramitación urgente del anteproyecto de ley supone de entrada una censura a la opinión de la ciudadanía, concepto que impregna el contenido del Anteproyecto de Ley, que, en todo caso, no se puede sustituir por un corto periodo de posibilidad de participación, del 3 al 12 agosto de 2022".