La estrategia de Sánchez para frenar su debacle ante un otoño crítico

Los tambores de recesión y un empeoramiento de las condiciones económicas de los españoles pronostican un otoño complicado para Pedro Sánchez, que ya tiene la mirada puesta en el próximo ciclo electoral. La estrategia ya la marcó durante el Debate sobre el Estado de la Nación, con sus criticas a la eléctricas y entidades financieras, insistiendo en el mantra de que existen "poderes" que quieren acabar con el Gobierno de coalición.

Y es que, Sánchez se ha ido 'podemizando' con el paso del tiempo, tirando de medidas populistas que poco o nada sirven para mejorar la situación económica de los ciudadanos o que incluso la empeoran, y seguirá haciéndolo después del verano.

De hecho, el presidente necesita un revulsivo para evitar otro varapalo como el de Andalucía en las próximas elecciones municipales y autonómicas que tiña el mapa electoral de azul y que serviría de presagio para lo que ocurrirá en diciembre en las generales.

Por ello, ya tiene una hoja de ruta marcada: subir el Salario Mínimo Interprofesional y llevar a Bruselas dos medidas sobre el precio de la electricidad que ya fueron propuestas por Podemos previamente y que ahora Sánchez hace suyas.

De hecho, el presidente ya avanzó que el compromiso del Gobierno en cuanto al SMI es cumplir con la senda de la Carta Social Europea y que se sitúe en el 60% del salario medio al final de la legislatura, en 2023. "Evidentemente, esta es una de las tareas que tenemos que abordar en el próximo otoño", remarcó el presidente.

Medidas energéticas en Bruselas

Junto a ello, también acudirá a Bruselas con dos propuestas. La primera es reformar el mercado eléctrico para desacoplar el precio del gas al precio de la electricidad y la segunda es una intervención al mercado energético para poner un tope al precio de las emisiones de CO2.

"Estas son dos medidas que van a ayudar a España a sus empresas, a sus familias a sus industrias, pero también a Europa a doblegar la curva de la inflación", aseveró Sánchez en su balance del curso político a finales de julio.

Pero además, en su intento por controlar las instituciones, el Ejecutivo nombrará en el mes de septiembre los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que le corresponden, tras la reforma 'exprés' que fue aprobada por las Cortes aunque Sánchez siempre ha evitado dar nombres sobre los futuros nombramientos.

Ya negocia los presupuestos con sus socios

Así pues, el Gobierno ya se ha marcado deberes de cara al nuevo curso, en el que además tiene que cerrar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de cara a 2023, un instrumento que Sánchez utilizará para reconquistar al electorado a golpe de gasto público y que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero ya está negociando con sus socios habituales.

De hecho, esa es otra de las prioridades del Ejecutivo, apuntalar sus alianzas con nacionalistas catalanes y vascos para seguir aprobando los proyectos legislativos que tiene en marcha y seguir contando con ellos para sostenerse en Moncloa.

Una estrategia con la que Sánchez quiere seguir apuntalando su imagen de político de izquierdas y despreciando a la derecha a la que no da tregua, consciente de que esa es la única salida que le queda para intentar volver a ser presidente.