El Tribunal de Cuentas evidencia la 'chapuza' del Gobierno con los créditos ICO

Las medidas que tomó el Gobierno de Pedro Sánchez para atajar la grave crisis provocada por la pandemia fueron un parche poco exitoso y ahora meses después queda patente los múltiples fallos a la hora de elaborarlas y ejecutarlas. Es el caso de los créditos ICO, donde el Tribunal de Cuentas ha detectado impagos en 5.846 concesiones por un valor total de 339 millones de euros que el Gobierno avaló con 267 millones de euros.

Estos impagos han sido comunicados por las entidades bancarias y el Ejecutivo central al avalar estas operaciones, por lo que tendrá que hacer frente a estas pérdidas. Así lo determina un informe del Tribunal de Cuentas, donde se analiza la concesión de avales del ICO hasta octubre de 2021.

El informe pone de relieve que estas 5.846 concesiones de créditos ICO, pertenecen a 5.082 clientes, siendo los importes totales de la financiación obtenida en estas operaciones de 339 millones de euros y el del aval de 267 millones de euros. El documento apunta que al terminar el estudio, el importe total abonado en concepto de avales ejecutados ascendía a 30 millones de euros.

Aunque en este análisis cabe tener en cuenta “la mayor parte de las operaciones fiscalizadas se encontraban aún en periodo de carencia”, por lo tanto, apuntan que los datos que obtuvieron sobre los impagos no implican “que el riesgo de impago o la morosidad en las operaciones avaladas vaya a ser bajo, sino que la ampliación y generalización de los plazos de carencia hacen previsible que la relevancia de estas situaciones se pueda empezar a manifestar a partir del año 2022”, que es cuando termina el periodo de carencia.

No sólo se pronuncia en esta línea el Tribunal de Cuentas sino que también el Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España aprobado en otoño de 2021, coincide con el mismo análisis. En él se advierte de “los graves riesgos de las operaciones avaladas por el ICO”, ya que “la elevada presencia de deterioro crediticio en los clientes con estos avales sugiere que el riesgo de las operaciones podría materializarse en mayor medida, una vez el periodo de carencia expire”.

El Tribunal detecta "incongruencias" en la clasificación de empresas

En el proceso de fiscalización de estos créditos, el Tribunal de Cuentas ha detectado “incongruencias” en los datos de las Líneas Liquidez e Inversión. Sobre todo en la clasificación del tipo de cliente (como pyme o no pyme, empresas o autónomos, sociedades anónimas o limitadas, etc.), en la fecha de constitución o inicio de la actividad y en la facturación y activos de las empresas.

Al respecto, el organismo fiscalizador pone de manifiesto que hay un total de 3.022 operaciones correspondientes a 1.180 clientes, por unos importes totales de financiación y de aval de 1.839.514.518 euros y 1.466.354.048 euros, respectivamente, que no deberían de haber sido elegidas dentro de la categoría pyme, ya que esas empresas no lo eran.

También advierte de que 2.861 operaciones de 1.443 clientes fueron incorrectamente asignadas, ya que eran pymes, pero se les financió como si no lo fueran. El importe de financiación de estas operaciones ascendió a 1.575.893.298 euros y el del aval a 1.050.544.299 euros.

El Tribunal de Cuentas sentencia que en estas 5.883 operaciones “no deberían haber sido elegibles en el subtramo en el que se formalizaron y debieron haberlo sido en el subtramo correspondiente si reunían las condiciones para ello”.

En esta verificación, el Tribunal de Cuentas ha advertido que se concedieron 8 millones de euros en crédito y 6.845.200 euros en avales correspondientes al tramo turismo de la línea ‘Liquidez’ a 12 empresas que no tenían derecho para ello al no ser pymes, la condición para poder acceder a ese módulo.

Este tramo se aprobó exclusivamente para pyme, por lo que señala el Tribunal de Cuentas que, en este caso, estas empresas no solo estarían mal clasificadas como pyme, sino que, además, no deberían haberse concedido esos avales.