La élite científica contra el Gobierno por generar un nuevo conflicto laboral
Una parte de la comunidad científica ha remitido un escrito al Ejecutivo para que mantenga la enmienda del PP a la Ley de Ciencia porque su propuesta no acaba con la precariedad laboral
Laboratorio científico.
El Congreso de los Diputados debatirá y votará este jueves la nueva Ley de la Ciencia, que regresa a la Cámara alta después de haber sido modificada en el Senado con un enmienda que fue presentada por el Partido Popular sobre el modelo de los contratos, que no gusta al Gobierno, pero que recibió el apoyo de ERC, Junts, PNV, UPN y Vox.
División de opiniones entre el PP y el Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero también del Gobierno con sus socios independentistas que han respaldado la enmienda popular. Pero los afectados por esta reforma de la ley de la Ciencia también se han pronunciado al respecto y la élite científica del país, profesionales ligados a algunos de los centros de investigación más importantes de España, como son un total de 57 directores de centros de la red SOMMA (Severo Ochoa-María de Maeztu) se han mostrado a favor de que la enmienda se mantenga.
Desde este colectivo han remitido una carta al Ministerio de Ciencia e Innovación que dirige Diana Morant, en el que comparten "sin reservas" la voluntad de "reducir los contratos falsamente temporales que se encadenan y pueden perjudicar la carrera profesional de las personas afectadas", como pretende la iniciativa del Gobierno.
Sin embargo, subrayan que los "falsos contratos indefinidos" que propone el Gobierno no disminuye la precariedad de los investigadores porque se sabe que los proyectos tienen una duración limitada, a la vez que contribuyen a la generación de un conflicto laboral en perjuicio tanto de los trabajadores como de las instituciones científicas.
Además explican que con la nueva ley "cuando consigues dinero para un proyecto europeo, cuando se acaba tienes que despedir a la gente y no les puedes pagar indemnizaciones a cargo del proyecto, tienes que hacerlo con fondos propios, por lo que aumentas la carga financiera sobre los centros de más éxito en España (de más excelencia)". Así se genera un problema para los centros que tienen mayores proyectos y piden que las indemnizaciones salgan de los fondos de los propios proyectos.