Sánchez esconde un "hachazo fiscal" en el bono joven del alquiler

Pedro Sánchez anunció en 2021 que, para principios de 2022 iba a aplicarse una ayuda extraordinaria para que los menores de 35 años pudieran hacer frente a los alquileres. Sin embargo, esa ayuda no se aprobó hasta meses después, dejando como suele ser habitual, la mayor parte de la aplicación de la norma en las Comunidades Autónomas, que aún han empezado a convocar las ayudas estos últimos tres meses.

El denominado “bono joven al alquiler”, se trata de una ayuda de, como máximo, 250 euros mensuales (50% del alquiler) para menores de 35 años que estén trabajando y cuya renta no supere los 24.318 euros brutos al año, es decir, tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

Como norma general, los alquileres no superarán los 600 euros al mes, pero en zonas como Madrid o Barcelona, la cantidad puede aumentar hasta un máximo de 900 euros mensuales. Si el solicitante, además, tiene alquilada solo una habitación y la cuantía de alquiler conjunto es mayor, se puede tramitar el bono siempre que la habitación no supere los 300 euros mensuales (ampliables a 450 euros en zonas de alta densidad).

Una medida retroactiva (se ingresará en la cuenta de los solicitantes la cantidad correspondiente a los meses que han pasado desde enero de este año hasta que se concede) que parece muy positiva, aunque está por ver el impacto en las cuentas públicas, pero que esconde una contrapartida: si se solicita y se obtiene, muchas rentas bajas que estaban exentas de hacer la declaración de la renta se verán obligadas a presentarla en la próxima campaña.

Y es que tal y como ha advertido la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), se ha establecido un trámite obligatorio que deben hacer los jóvenes que superen una cuantía económica establecida por Hacienda de manera anual. Esta se establece en el límite de los 14.000 euros brutos anuales.

Es decir, que si las condiciones del Gobierno para dar el bono exigen que los jóvenes estén trabajando, según el salario mínimo establecido en 1.000 euros brutos anuales (14.000 si incluye dos pagas extra no prorrateadas), serán muy pocos los que se libren de pasar por caja en Hacienda, ya que si se superan esos 14.000 euros, hay que hacer la declaración de la renta, cosa que de la otra forma no es obligatorio.

La clave o la “trampa” para muchos es que el Gobierno juega con las cifras y las palabras. Y es que la ley establece que solo están obligados a hacer la declaración de la renta los trabajadores que cobren más de 24.000 euros brutos anuales. Sin embargo, con esta ayuda, Hacienda considera que hay dos pagadores, por lo que la cantidad, sorprendentemente, baja a 14.000 euros.

Es decir, que es recomendable que todos los que vayan a recibir esta “ayuda” no se gasten todo lo recibido, puesto que cuando llegue la declaración de la renta es posible que Hacienda le pide que devuelva una parte (dependerá de cada caso, el porcentaje de retención que la empresa de los jóvenes les tenga establecida por contrato, pero suele ser la más baja posible debido a que no es obligatorio hacer la declaración de la renta).

El hachazo fiscal encubierto es tal, que ya ha supuesto que el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), haya lanzando la voz de alarma con el bono joven del alquiler, que calcula que supondrá para alrededor del 40% de los beneficiarios la obligación de presentar la declaración de la Renta.