El último "roto" de García Egea que deben resolver Feijóo y Cuca Gamarra

El último problema heredado del casadismo obliga al nuevo PP a tomar una decisión en breve plazo. Alberto Casero, la mano derecha de Teodoro García Egea durante su etapa como secretario general, vuelve a convertirse en un quebradero de cabeza para Génova 13.

El Congreso prevé fijar este jueves los plazos para la tramitación del suplicatorio pedido por el Tribunal Supremo para investigar a Casero, al que se imputan indicios de delito por contratos firmados cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres). Las decisiones se tomarán en la Comisión del Estatuto del Diputado que preside la socialista Adriana Lastra.

El magistrado del Tribunal Supremo, Andrés Palomo, a cargo de la investigación, quiere el suplicatorio para proceder penalmente contra el diputado del PP al ver indicios racionales de presuntos delitos de prevaricación y malversación, por determinados acuerdos y contratos de servicios que realizó como alcalde.

El pasado martes, la Mesa del Congreso dio entrada a la petición y la remitió a la Comisión del Estatuto del Diputado, que dispone de un máximo de 30 días hábiles para elevar una propuesta al Pleno de la Cámara.

El diputado extremeño, el más estrecho colaborador del exsecretario general del PP Teodoro García Egea que copó las primeras planas por su error que permitió aprobar la reforma laboral, era precisamente el representante del PP en esta comisión hasta que fue relevado en los cambios introducidos en el Grupo Popular tras la llegada de Alberto Núñez Feijóo a Génova. Ahora la portavocía está en manos de Ángel Luis González.

En su reunión de este jueves, como siempre a puerta cerrada, se pretende fijar fechas para el procedimiento y para dar audiencia al diputado Casero, trámite que podrá realizar por escrito en el plazo que fije la propia Comisión o de forma oral ante la misma.

Una vez concluya su tarea, la comisión elevará su conclusión al Pleno de la Cámara, que es el que tiene la última palabra. En anteriores suplicatorios la Comisión del Estatuto del Diputado ha resuelto este trámite en unas dos semanas.

Eso sí, el debate y votación de los suplicatorios en el Pleno del Congreso tampoco es público, sino que se desarrolla con el hemiciclo a puerta cerrada y sin transparencia. Los diputados tampoco están obligados a seguir consignas de voto ya que su voto es secreto. Sólo se da a conocer el resultado.

En el plazo de ocho días, contados a partir del acuerdo del Pleno de la Cámara sobre concesión o denegación de la autorización solicitada, Batet dará traslado del mismo a la autoridad judicial, advirtiéndole de la obligación de comunicar a la Cámara los autos y sentencias que se dicten y afecten personalmente al diputado.

El suplicatorio se entenderá denegado si la Cámara no se hubiere pronunciado en el plazo de sesenta días naturales, computados durante el período de sesiones, a partir del día siguiente al del recibo del suplicatorio.