Las empresas, en pie de guerra por el atraco por la espalda que escondía Sánchez

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Los Presupuestos Generales del Estado escondían una trampa. Un aumento de las bases máximas de cotización del un 8,6% en 2023, una medida que el Gobierno considera necesaria para garantizar el sostenimiento del sistema de pensiones, pero que suponen un atraco por la espalda para las empresas, que no sabían de su existencia, y ya lo califican de "inadmisible e impresentable" .

Y es que, para financiar el gasto en pensiones, además de todos los subsidios y ayudas que el Gobierno quiere poner en marcha, los ingresos por las cotizaciones en 2023 alcanzarán 152.075 millones de euros, lo que supone un aumento del 11,5%, en parte, gracias a esta subida encubierta que el Gobierno ha escondido hasta el final.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha denunciado en un comunicado que esta decisión se ha adoptado "de manera unilateral y a espaldas del diálogo social", donde actualmente se está negociando la segunda pata de la reforma de pensiones, en la que precisamente uno de los asuntos a tratar es la pensión máxima y la base máxima de cotización.

"Existe una mesa específica con los interlocutores sociales para tratar este tema y se reunió por última vez el pasado lunes sin que se nos trasladase nada sobre este asunto, con lo que la decisión adoptada es impresentable y devalúa el diálogo social", subraya la CEOE.

La organización empresarial "no entiende" que se pida desde el Gobierno un pacto de rentas a los agentes sociales, y al mismo tiempo el propio Ejecutivo "tome decisiones unilaterales en aspectos que afectan a éste de forma sustancial".

Los costes asociados al trabajo aumentarán más de un 9%

Pero al margen de las formas, los empresarios han alertado del riesgo que supone ya que se suma una carga "aún mayor" sobre las empresas , algo que consideran un "grave error", pues considera que tendrá "efectos nocivos sobre el empleo". De hecho, calcula que, sumando a esta medida la sobrecotización incluida en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), los costes asociados al factor trabajo aumentarán más de un 9% "en un contexto de deterioro económico e incertidumbre generalizada".

"Las empresas españolas han hecho un sobreesfuerzo durante estos últimos años para mantener el empleo y amortiguar, más en el corto plazo, la escalada de la inflación. Este nuevo golpe al tejido productivo, en un momento en el que las arcas del Estado presentan una recaudación récord, genera de nuevo desconfianza en las empresas e inseguridad jurídica y supone un innecesario obstáculo a la competitividad y al crecimiento económico", subraya la organización que preside Antonio Garamendi.

Pero no solo los empresarios han dado la voz de alarma, sino que también los autónomos han clamado ante este nuevo 'hachazo' del Gobierno que no esperaban. El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha criticado esta decisión "unilateral" del Gobierno. "¿Dónde está el diálogo social del que presume el Gobierno? El pasado lunes hubo una reunión con el Ministerio de Seguridad Social donde se trató este tema y el Gobierno ocultó lo que 48 horas más tarde ha tomado determinación", ha denunciado Amor.

Además, ha puesto sobre la mesa algunos datos ya que según sus cálculos,"esto supone un incremento por empleado de 1.600 euros al año. En el caso de los trabajadores, el aumento es superior a 350 euros".

Por ello, recuerda que, en la situación en la que están las empresas y la economía española, hablar de un incremento de costes laborales del 9% desde luego es "la peor noticia y una decisión que toma el Gobierno de forma unilateral que es un daño terrible al diálogo social, que lo devalúa y que indudablemente va a tener consecuencias muy graves en las empresas que crean empleo".