Los hachazos fiscales de Sánchez para tratar de cuadrar el colosal gasto público

Pedro Sánchez cada vez está más cerca del momento que nadie quiere que llegue dentro del Gobierno, ese otoño caliente que se está preparando con la subida de los precios, de impuestos y con ello, el hartazgo de la población. El gasto público además está por las nubes y el propio Gobierno de Sánchez busca darle freno con dos hachazos fiscales que aprobó este verano antes de irse de vacaciones: los impuestos al sector financiero y energético.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha criticado la "arbitrariedad" de estos nuevos impuestos extraordinarios al sector financiero y energético, asegura que si la proposición de ley se aprueba sin grandes cambios "se sentarán dos precedentes muy preocupantes": asignar "a dedo" impuestos a sectores concretos e "interferir con el libre funcionamiento de empresas y mercados".

Fedea asegura que ni los bancos ni las energéticas son los sectores más rentables -uno de los motivos que han expresado el PSOE y Podemos en la proposición de ley- si se tiene en cuenta el capital invertido y lamenta que se pretendan gravar unos supuestos beneficios antes de que se lleguen a producir. De acuerdo con la nota, Fedea propone gravar los beneficios que puedan considerarse resultado de la inflación una vez "se hayan materializado" y en cualquier sector en que tengan lugar.

Además, con estos nuevos impuestos el Gobierno buscará cercar la incesante subida del gasto público. Un gasto que durante el periodo 'sanchista' que va de 2018 a 2021 se ha saldado con una subida de gasto de 129.740 millones de euros con respecto al año 2017. Dicho de otro modo: la 'Era' Sánchez ha disparado el peso del Estado un escalofriante 23%.

Fracaso de Sánchez contra las eléctricas

Las eléctricas han puesto el grito en el cielo finalemnte debido a los nuevos impuestos que grvarán sus beneficios y consideran acabada la etapa de las inversiones en España mientras permanezca en el poder un Gobierno que ha convertido "todo en inseguridad jurídica".

El primer asalto estructural contra los ingresos de las grandes empresas se produjo en septiembre del pasado año. La reforma energética diseñada por Pedro Sánchez cargaba directamente contra los bautizados por él mismo como "beneficios caídos del cielo" de las eléctricas. Y, pese a ser consciente de que esos beneficios habían sido obtenidos en base a la legalidad, el Gobierno emprendió una cruzada para desprestigiar a las compañías y quedarse con sus beneficios.

Pero la energía siguió encareciéndose, la inflación multiplicó su crecimiento, los hogares aumentaron su pérdida de poder adquisitivo, y las arcas de Hacienda siguieron engordando con la recaudación lograda gracias al incremento de la presión fiscal y los precios base de los impuestos sobre el consumo.

Pero tras ese primer acercamiento de presión del Gobierno llegó la reforma legal de mayo. Y con ella, un mecanismo oficial de compensación del precio de la luz y de tope del coste del gas natural empleado para generar electricidad que no ha servido para frenar, ni el precio ni la pérdida de poder adquisitivo de familias y empresas.