La industria alimentaria se ahoga ante la propaganda fracasada de la PAC

La situación económica de los sectores primarios en España es de lo más preocupante. El auge de precios que suele afectar a los consumidores, es repercutido en primer lugar en la mayor parte de productores de la industria, en especial de la alimentaria, que ha visto cómo sus costes de producción se han disparado en los últimos meses hasta un 30%.

Por ello, choca ver cómo Moncloa sigue empeñada en aprobar medidas de contención (así lo llaman desde el gabinete de comunicación de Sánchez) para “mitigar” el impacto de la “guerra de Putin”. De forma resumida, aplicar impuestos "extraordinarios" a la banca y las energéticas, así como la creación del impuesto de "solidaridad" a los que el Gobierno califica como ricos.

Pero lo que realmente hace falta es que se reactive la economía y se apoye a los sectores más castigados, como el alimentario. Y por eso, la patronal del sector, representada por la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), con más de 40 empresas detrás, se ha plantado y ha exigido al Gobierno medidas concretas para pésima situación que están atravesando.

Y es que una de las primeras quejas que el sector ha trasladado a Moncloa es la relacionada con la nueva ley (que ya en vigor) de Residuos y Suelos Contaminados, así como el Proyecto del Real Decreto de Envases y Residuos de Envases. Ambas suponen generar nuevos impuestos para la industria camuflados bajo las líneas argumentales de la ecología progresista.

Según FIAB, la primera tendrá un impacto de unos 690 millones de euros en las empresas del sector, a beneficio, obviamente del Estado. Con respecto a la gestión de residuos así como con el coste de reciclaje impuesto a las empresas, el sector acabaría dejándose 1.150 millones de euros extra, lo que podría suponer la quiebra de muchas empresas. Si sumamos estas y otras muchas nuevas obligaciones ecologistas del Gobierno, el sector acabaría pagando un sobrecoge de 5.000 millones de euros anuales, según datos de la FIAB.

"Es el momento de ayudar a las empresas, no de ponerles trabas, ya que está en juego la supervivencia de alrededor de 2.400 compañías y más de 25.000 empleos. Creemos que la regulación española en materia de sostenibilidad no debería ir más allá de las directivas europeas y es imprescindible que las nuevas medidas que entren en vigor sean equilibradas y fruto del consenso”, ha denunciado el máximo responsable de la patronal, García de Quevedo.

Unas protestas que llegan también en forma de advertencias de huelga, ya que algunos sectores dentro de la industria alimentaria, como la láctea o agrícola. En el primer caso, empresas pequeñas y medianas de Galicia y Asturias han planteado paros en los próximos meses que podrían ser iguales a los ocurridos en el mes de marzo, derivadas del paro de los transportistas por los altos costes de la gasolina.

"Es el momento de ayudar a las empresas, no de ponerles trabas, ya que está en juego la supervivencia de alrededor de 2.400 compañías y más de 25.000 empleos"

Paros, lo de los transportistas, que se volverán a producir, ya que asociaciones de trabajadores han anunciado que la mayoría de comunidades autónomas siguen trabajando a pérdidas, aunque esté prohibido por ley. “Es eso o no trabajar”, ha llegado a señalar un camionero en uno de los encuentros de la patronal antes de anunciar la huelga. Un paro que podría extenderse meses, poniendo en riesgo la temporada navideña y dejando colápsalos otros sectores.

Pero de momento el Gobierno no “pilla” las advertencias y sigue enroscado en mantener su plan de comunicación redoblando su propaganda. En concreto, sobre la Política Agrícola Común, los fondos europeos destinados al sector agrario que dejan en España millones de euros en ayudas.

En concreto, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha vendido esta misma semana que la Política Agrícola Común (PAC) es un "seguro de renta" para los agricultores y ganaderos, junto a la ley de cadena alimentaria, la misma que prohíbe vender a pérdidas, aunque se siga haciendo según el propio sector.

"Con los más de 1.000 millones de euros de apoyo que este Gobierno ha aprobado este año para el conjunto del sector primario, constituye un elemento absolutamente fundamental 4.800 millones de euros anuales en ayudas directas para agricultores y ganaderos en el periodo 2023-2027", ha subrayado Planas, aunque sin concretar a cuántas empresas afectará.

Se trata, según ha señalado, de "una garantía obtenida para el conjunto de España" gracias a la aprobación el pasado 31 de julio del Plan Estratégico Nacional de España, que es "la garantía de cobro para nuestros agricultores y ganaderos de los fondos”. Según ha explicado el ministro, "únicamente" siete Estados miembros de los 27 tienen aprobado dicho plan, entre ellos España.

Aunque no ha concretado cómo se distribuirán los fondos, ya que también España fue de los primeros en aprobar los fondos “Next Generation” y, por culpa de la nefasta gestión de Moncloa, buena parte aún no han llegado a la economía real, careciendo las CC.AA, a día de hoy, de un sistema informático para volcar los datos sobre dichas ayudas ejecutadas.

”Es muy importante que llevemos a cabo una tarea de información y asesoramiento a los beneficiarios, eso corresponde y es una responsabilidad legal de las comunidades autónomas", ha subrayado Planas, desentendiéndose de la gestión de los fondos y dejando la duda de si ocurrirá con la PAC lo mismo que con los fondos de recuperación.