El PSOE ya indultó a Griñán en 2016 al impedir que devolviera 484 millones

484 millones de euros debía devolver a las arcas públicas el expresidente andaluz José Antonio Griñán solidariamente con su equipo. Más 1,4 millones por año de demora. El PSOE fulminó tal exigencia de la fiscalía en 2016. Logró un indulto de facto.

La Junta de Andalucía, con Susana Díaz y María Jesús Montero al timón, pidió archivar la causa de los ERES que incriminaba a Griñán. Negó toda malversación.

Si la Junta no reclamaba los millones malversados, la Fiscalía no podía exigir ya su devolución. Daba igual si habían gastado ilegalmente 735 millones o un euro. No debían devolver nada.

El indulto monetario estaba servido. “La acción civil ha de entablarse juntamente con la penal por el Ministerio Fiscal, pero si el ofendido renunciare expresamente a su derecho de restitución, reparación o indemnización, el Ministerio Fiscal se limitará a pedir el castigo de los culpables".

Si la Junta no reclamaba los millones malversados, la Fiscalía no podía exigir ya su devolución. Daba igual si habían gastado ilegalmente 735 millones o un euro. No debían devolver nada. Los apologistas de Griñán alegan que heredó un sistema corrupto. Pero malversó 484 millones, según fiscalía, frente a los 251 millones previos. Tuvo cinco años para corregirlo. Y lo engordó. Lo dobló.

Griñán pide el indulto mientras su partido criminaliza al presidente andaluz por perdonar 95 millones anuales al suprimir el impuesto de patrimonio. Sánchez debería asumir que entre rebajar impuestos, como hacen sus barones o Moreno, y malversar impuestos no hay color. Omite que el dinero descontrolado bajo Chaves y Griñán (735 millones) equivalen a 8 años de impuesto de patrimonio andaluz.

Zarrías, Griñán y Chaves, hacedores máximos del régimen socialista andaluz, en el banquillo del juicio por los ERE.

El PSOE, preludio del indulto, jalea insólitas proclamas. "Griñán no se llevó un euro a su bolsillo". Ni los indepes del 1-O, pero se les exige restituir una cifra infinitamente menor (3,4 millones). Lo contrario es legalizar el saqueo público. Los apóstoles del bolsillo niegan que los ERES sean corrupción. La justicia les refuta con argumentos que fiscalía usa para urgir el encarcelamiento de Griñán.

“El Supremo en su sentencia recoge que estamos ante una forma más de "corrupción política" cuando analiza la tipicidad de la malversación. Y al analizar la arbitrariedad de las resoluciones como elemento típico del delito de prevaricación, señala que el correcto entendimiento del delito de prevaricación administrativa sólo puede realizarse desde una concepción democrática del poder público.

El PSOE, preludio del indulto, jalea insólitas proclamas. Griñán no se llevó un euro a su bolsillo. Ni los indepes del 1-O, pero se les exige restituir una cifra infinitamente menor (3,4 millones).

La corrupción política y administrativa y la desviación de poder son incompatibles con un estado democrático de derecho, en el que han de prevalecer la igualdad ante la ley, el control del poder público, la imparcialidad y la corrección en la actuación administrativa”. Sánchez exige acatar la Constitución. Pero no lee que los latrocinios de los ERES son incompatibles con el estado de derecho.

Urge renovar la justicia, proclama Sánchez. ¿Y también cumplir sus fallos? "En un Estado de Derecho las sentencias claman por ser cumplidas como exigencia implícita a la eficacia de la tutela judicial (autos del Tribunal Constitucional 120/93, 198/95 y 199/95, entre otros)”, apostilla Anticorrupción.

Susana Díaz abraza a Griñán, cuando esta era presidenta de la Junta de Andalucía.

La Fiscalía no entiende las prisas. Las condenas permiten un indulto sosegado. Salvo que se tema la llegada del PP. “Esa facultad de suspensión de la ejecución que al Juez o Tribunal concede el Código Penal sólo podrá ser utilizada en casos muy concretos cuando las especiales circunstancias concurrentes así lo exijan de modo evidente, lo que no ocurre en el supuesto presente con relación a ninguno de los diez condenados: sus respectivas penas son lo suficientemente largas como para que hayamos de estimar que, en su caso, la posible concesión de indulto no sea ilusoria, es decir, no se vea frustrada por el inicio de las ejecuciones."

Todo esto destapa otro debate: Sánchez se erige en tribunal de apelación para eludir condenas por vía indulto. ¿De qué sirve despolitizar la justicia, su independencia, si el juez último es Sánchez cuando las sentencias aprietan a sus afines, sean cargos socialistas o indepes? ¿De qué valen años de instrucción, miles de folios sumariales, informes fiscales, periciales o policiales si el criterio jurídico último reside en el supremo Sánchez? Yo soy la justicia.

Y tal gracia se concede sin pedir perdón. Ahí coinciden con su benefactor: si no hay delito, (la sedición está sobrevalorada, no me he llevado un euro…), ¿qué perdón debo pedir? La culpa es de la derecha judicial. Habrá que indultar a los jueces. Y atenerse a la jurisprudencia sanchista: Rajoy, “indecente” sin condena y Griñán, inocente con doble condena. Y merece dos indultos: monetario y penal.