La enésima cesión de Sánchez sabe a poco al independentismo que ya pide más

Sánchez ha dado otro paso más en su larga lista de cesiones al independentismo. La reforma del delito de sedición ya está presentada ante el Congreso de los Diputados, en una maniobra conjunta de PSOE y Podemos ante la que el PP y Vox claman. Los líderes de los grupos parlamentarios, Patxi López y Jaume Asens, se encargaban a primera hora de la mañana de consumar el anuncio del presidente en La Sexta, mientras desde Cataluña, el independentismo exige más: "Autodeterminación y amnistía". Ese es su último objetivo.

Pero de momento, el texto presentado por los partidos integrantes del Gobierno ya avanza en la línea que deseaba ERC, de reducir las penas para que, más pronto que tarde, Junqueras deje de estar inhabilitado y pueda volver a la política, junto con el resto de condenados por el procés que aún permanecen en activo.

De hecho, la proposición de ley orgánica, una fórmula parlamentaria que permitirá al Gobierno tramitar esta modificación de forma express, lleva aparejada la derogación del delito de sedición para transformarlo en otro de desórdenes públicos agravados que contempla penas de 3 a 5 años de prisión, frente a los 10 a 15 años que recoge el Código Penal vigente, e inhabilitación de 6 a 8 años, frente a los 10 a 15 años que establece la ley actual.

En concreto, la proposición señala que "serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años los que, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación: sobre las personas o las cosas; u obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas; o invadiendo instalaciones o edificios".

Y añade que "los hechos descritos en el apartado anterior serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo cuando se cometan por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público". "En caso de hallarse los autores constituidos en autoridad, la pena de inhabilitación será absoluta por tiempo de seis a ocho años", precisa la propuesta.

Además, el propio texto hace suya la justificación de Sánchez, cuando aseguró que esta concesión al independentismo se hacía, para "homologar" el Código Penal español a los estándares europeos, pues hace una comparativa con el Derecho de los países del entorno y puntualiza la "elevada gravedad de las penas previstas hasta la fecha" en "el marco penal en el que se mueven estos delitos en otros ordenamientos jurídicos europeos".

Esta modificación, que aún tendrá que ser debatida e incorporará cambios durante su tramitación parlamentaria, abre, así un futuro más que prometedor para los independentistas, pues además, la disposición transitoria segunda de la proposición de ley, queda recogida la revisión de las sentencias para que se adapten a la nueva regulación del Código Penal.

Junqueras y compañía se podrían ver más que beneficiados por ella, mientras que los fugados Carles Puigdemont y Marta Rovira, tendrían una alfombra roja para volver a España, cumpliendo una pena pírrica, pese a que Sánchez aseguró que el expresident se sometería a la Justicia.

El independentismo quiere más

Pero los independentistas quieren más. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, en un intento de aplacar a los separatistas más radicales encarnados por Junts, ha recordado que este es solo un paso más hacia la "desjudicialización" pues su fin último es "volver a votar" con garantías de que no habrá "violencia policial", además de lograr "los efectos de una amnistía".

"Queda mucho camino y trabajaremos para ampliar aquellos acuerdos que contribuyan a la completa desjudicialización del conflicto y que haga que los ciudadanos que viven bajo amenaza recuperen sus derechos y libertades", ha avanzado Aragonés.

Todo ello, después de que Junts, en palabras de su secretario general, Jordi Turull, considerase que la reforma es "un vestido a medida para decir que el 1-O fue delito". "¿Nos están diciendo que lo que pasó el 20S podría pasar de nueve años de condena a cinco? ¿Nos están diciendo esto? En todo caso hablaríamos de rebajar la gravedad de la desjudicilización, pero no de desjudicialización", ha dicho.

📺 Secretari general @jorditurull a @elsmatins: “Hem de veure quina intenció té el PSOE amb aquesta reforma perquè sembla un vestit a mida per extradir els exiliats. Cal veure com el Suprem se n'aprofita d'aquest nou redactat per seguir perseguint l'independentisme.” pic.twitter.com/VZBqTdz9ku

— Junts per Catalunya🎗 (@JuntsXCat) November 11, 2022 " target="_blank">

Sin embargo, esta concesión de Sánchez ha servido para que ERC sacase pecho frente a sus casi exsocios con los que mantiene una pelea permanente, además de para desmentir al propio presidente, que aseguró que esta modificación no supone una cesión a los republicanos.

"No habría sido posible sin la apuesta de ERC por la vía negociada para acabar con la represión", subrayaron nada más producirse el anuncio desde el partido de Junqueras, algo que ha corroborado el propio Aragonés al refrendar que "el proceso de negociación empieza a dar sus frutos".

Unos frutos que esperan que sigan aumentando y para ello, han encontrado a otro gran aliado, Unidas Podemos. Jaume Asens ha deslizado que la derogación del delito de sedición abre la posibilidad de beneficiar al expresidente Carles Puigdemont y los demás huidos de la Justicia española, pues considera que sin esa figura penal nadie podría ser "acusado y juzgado" por los hechos acaecidos en el proceso independentista de 2017.

ERC abre la puerta a exigir la modificación del delito de malversación, algo para lo que encontrarían el respaldo de Unidas Podemos

Además, ha coincidido con el propio Aragonés planteando una hipotética reforma del delito de malversación. De hecho, el presidente catalán había asegurado minutos antes que quedan "cuestiones abiertas" para llevar al trámite parlamentario citando expresamente abordar la reforma del delito de la malversación u otros tipos por los que también han encausado a dirigentes independentistas.

Por ello, Asens ha destacado que con este cambio legislativo el Tribunal Supremo deberá revisar la sentencia de los líderes independentistas puesto que el delito de malversación estaba en concurso con el de sedición. "Es verdad que una vez el delito de malversación queda autónomo, desvinculado de la sedición, hay cierto margen del Supremo para determinar cuál es la penalidad que le corresponde", ha afirmado.

Así, ha defendido modificar también la malversación al entenderlo como "un cajón de sastre en el que cabe cualquier cosa" y ha calificado la interpretación del Supremo en la sentencia del 1-O de voluntarista, artificiosa y creativa.

De esta forma, el Gobierno va dando más pasos para garantizarse la estabilidad, teniendo de su lado al independentismo, cediendo a sus presiones y a sus exigencias, aunque hay algo que quizá se le escapa: cómo encajará el electorado socialista el perdón encubierto al separatismo. Patxi López cree que puede tener un coste electoral aunque"el votante socialista entenderá perfectamente" lo que están haciendo. Veremos.