Las seis leyes aprobadas por Ayuso que reducen impuestos ante Sánchez

Los últimos sablazos fiscales de Sánchez, empezando por el impuesto a las grandes fortunas, pasando por el incremento de ingresos obtenido por el impuesto a los carburantes (que al haberse incrementado el precio total también genera muchos más ingresos para el Estado) están haciendo que los españoles sufran económicamente como en la crisis financiera de 2008.

El desgaste es tal que Moncloa se plantea únicamente ayudas a través de subvenciones o pagas mensuales, lo cual defienden muchos expertos, lastra la productividad. Por ello, los gobiernos populares de Andalucía y Madrid han sido claramente el contrapeso a este tipo de política fiscales del Ejecutivo.

De hecho, Madrid ha anunciado esta semana que aprobará su sexta ley de rebaja de impuestos, la cual se sumaría a otras cinco rebajas fiscales que vendrían a reducir la presión fiscal de los madrileños. Esta última rebaja se canalizará a trabes de deducciones fiscales, las cuales beneficiarán a más de 700.000 ciudadanos, que ahorrarán entorno a 10 millones de euros.

Además, la legislación aprobada por el gobierno regional de Ayuso incluye tres mecanismos relacionados con el cuidado de personas mayores en el entorno familiar, el arrendamiento de viviendas y los estudios superiores, a lo que hay que sumar la ampliación del porcentaje de deducción de tres tipos de bonificaciones aplicadas ya.

Estas medidas, entrarán en vigor ya mismo, por lo que serán vigentes en la próxima declaración de la renta del año 2023. Una ley que recoge, entre otras, una deducción de 500 euros para todas las personas que cuiden de ascendientes mayores de 65 años o con discapacidad. A ello se le suma otra deducción fiscal del 10% para hacer frente a los gastos relacionados con el alquiler de la casa arrendada de dichas personas, como puede ser la conservación o reparaciones de la vivienda.

Ayuso aplica una deducción de 500 euros para todas las personas que cuiden de ascendientes mayores de 65 años o con discapacidad.

A todo ello, Ayuso ha aprobado que todas las personas que quieran estudiar un grado, máster o doctorado y tengan que pedir un crédito para hacer frente al gasto, puedan desgravarse hasta el 100% de los intereses de dicho préstamo. Una deducción que se suma a la ya aprobada sobre gastos de enseñanza de idiomas, con una rebaja del 15%, o la contratación de cuidadores para personas mayores en situación de dependencia o discapacidad, con una deducción del 25% de los gastos de cotización a la Seguridad Social.

A mayores, la presidenta madrileña añade una ampliación hasta el 40% de la deducción vinculada a la compra de acciones y participaciones sociales de nuevas entidades o de reciente creación, limitadas a un máximo de 9.000 euros. Todo ello, sumado a la supresión del impuesto de patrimonio que ya anunció en su momento el gobierno regional, y que dejan a Madrid como una de las comunidades con menos presión fiscal de todo el Estado, esquivando los sablazos de Sánchez.

La deflactación del IRPF, otra medida “made in Ayuso”

Por si todas esas rebajas fiscales no fueran suficientes, la Comunidad de Madrid ya anunció otras que se suman a esas y que dejan “más liberados” a los ciudadanos de las cargas fiscales. Sobre todo por la deflactación del IRPF, que en su día hizo rabiar al PSOE desde Moncloa, alegando que era “dumping fiscal”. Semanas después, la medida no solo sigue adelante, sino que otras comunidades la han copiado, y algunas de ellas son socialistas.

Una deflactación que beneficiará a todos los contribuyentes madrileños, 3,5 millones, y tiene como objetivo evitar que pierdan poder adquisitivo por una subida salarial que implica un mayor pago de impuestos. Además, permitirá que afronten con más recursos y mejores garantías el incremento de los precios y la situación de alta inflación en sus economías domésticas.

De hecho, tal y como ha denunciado el consejero Fernández-Lasquetty, si el Gobierno de España revisase también las tarifas del IRPF, la deflactación en Madrid tendría un mayor impacto, y a los 200 millones de ahorro en la parte autonómica, habría que sumar otros 200 en la parte estatal”. El porcentaje sobre el que se realizará será del 4,1%, que se corresponde con el incremento del coste salarial ordinario nacional del segundo trimestre de 2022, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Una medida que beneficiará a las clases bajas, ya que supone una rebaja de la cuota del 6,3% para sueldos brutos, por ejemplo, de 20.000 euros. En el caso de los ciudadanos con uno de 32.600 euros anuales será del 2,7%, situándose en el 1,5% para un sueldo de 90.000 euros. En total, la consejería de Economía, Hacienda y Empleo estima un ahorro de casi 200 millones de euros para los 3,5 millones de contribuyentes de la región. Unas medidas que plantan cara al sanchismo y dejan patente que las políticas liberales pueden ayudar a toda la ciudadanía en los momentos más complejos.