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Sánchez coloca al ministro de los indultos en el Tribunal Constitucional

El Gobierno también situará en el tribunal de garantías a la ex directora general del Ministerio de Presidencia, Laura Díez

Juan Carlos Campo, exministro de Justicia

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El presidente no se ha ido muy lejos para elegir a los dos magistrados que formarán parte del Tribunal Constitucional y de nuevo vuelve a colocar a personas muy cercanas en su intento de controlar las instituciones del Estado. Uno de los elegidos ha sido el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, el mismo que tramitó los a los encarcelados por el procés y los defendió en el Congreso de los Diputados.

Este mismo martes, el Consejo de Ministros aprobará el nombramiento del exministro, que salió del Ejecutivo hace un año y medio, y que también estará acompañado por la ex directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia, Laura Díez, según ha adelantado el diario El País, es decir, dependiente directamente de Félix Bolaños.

El Gobierno había manifestado en numerosas ocasiones su intención de nombrar a sus dos candidatos al TC sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designara a los otros dos que completan el tercio de cuatro magistrados pendiente de renovación, algo que consumará este martes y que ignora todas las recomendaciones que pasan por despolitizar a la Justicia.

De hecho, hace tan solo un mes estaba negociando con el PP un pacto para eliminar las 'puertas giratorias' entre la política y la Justicia, dentro de las conversacines para renovar el CGPJ, un pacto que saltó por los aires, lo que le ha permitido llevar a cabo estos nombramientos.

Pero además, ahora se abre un fuerte debate en el seno del TC, donde la mayoría conservadora podría impedir que los nominados por Moncloa tomen posesión de su cargo. La cuestión clave es si los cuatro magistrados -los nombrados por el Gobierno y los que corresponde por designación del CGPJ, que están pendientes de designar- pueden renovarse por partes o si, de la interpretación literal de la Constitución, solo cabe deducir que debe reemplazarse el tercio completo. Una incógnita que deberá despejar el Pleno del TC, ya que es quien debe dar el 'placet' a los seleccionados.

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