Clamor total ante el asalto de Sánchez al TC con un "sheriff" y una afín al PSC

La reacción ante la elección de Juan Carlos Campo y Laura Díez como miembros del Tribunal Constitucional ha sido, como cabía esperar, del rechazo más absoluto. La "colonización" de las instituciones por parte de Sánchez es total y este martes la ha consumado con estos dos nuevos nombres que han generado un clamor en la oposición en contra de las decisiones del Gobierno. Un exministro y una exalto cargo de Moncloa estarán en el tribunal de garantías por lo que el PP ya avisa de la reacción de la UE.

Y es que, los perfiles elegidos por Sánchez no podían estar más alejados a la hora de apostar por la independencia del Poder Judicial. Nada menos que el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, el mismo que se encargó de defender y tramitar los indultos, y Laura Díez Bueso, ex directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia, dependiente directamente de Félix Bolaños y que dejó su puesto para ser, desde mayo, vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, elegida miembro a propuesta del Parlamento.

Dos nombres que a buen seguro que gustan en el seno del independentismo, ya que mientras que uno defendió los indultos, la otra, considerada afín a los postulados del PSC, ya asesoró al Gobierno de la Generalitat para la reforma del Estatuto de Cataluña (2002-2004) y es experta en el estudio de los 'estados descentralizados' por lo que su papel será fundamental.

De hecho, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dicho que, aunque "chirrían" por su marcado perfil político, ha asegurado que "no es de las peores" 'puertas giratorias' que existen por lo que "respetan el criterio del Gobierno", en medio de su 'luna de miel' tras la aprobación de los Presupuestos y la derogación de la sedición.

El PP recuerda que ambos se tendrán que abstener en leyes tramitadas por este Gobierno y avisa de que Europa tendrá que pronunciarse ante esta injerencia en la separación de poderes

Por ello, desde el PP acusan al Gobierno de atacar a la división de poderes con los dos candidatos para renovar el Tribunal Constitucional. El vicesecretario de Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, ha señalado que, desde un punto de vista institucional, son "dos miembros de un poder del Estado haciendo entrismo a otro poder del Estado" más allá del "sesgo" progresista de los candidatos que cambiarían la mayoría en el TC. "No se trata de progresismo, se trata de gubernamentalidad", ha añadido en una entrevista en Onda Cero, a la par que ha apuntado que esto es lo que les inquieta desde el PP.

De hecho, ha insistido en que ni Campo ni Díez Bueso son "idóneos" para el TC, pues les considera "enviados del Gobierno" para "colonizarlo". Pons considera que Sánchez envía a Campo al Constitucional para que sea un "sheriff" porque lo envía "como un explorador para colonizar" el tribunal.

Y es que, además, ha recordado que ambos se tendrán que abstener de "cualquier decisión" que tenga que ver con las leyes aprobadas por este Gobierno. "Creo que la Unión Europea va a tener que decir algo sobre la división de poderes española y el Estado de Derecho", ha apuntado.

Por su parte desde Vox, su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha subrayado que estas designaciones muestran el "poco respeto" que tiene el Ejecutivo por las instituciones y su independencia y, por tanto, solo cabe "distancia infinita".

"Es cada vez más evidente este PSOE tiene aires totalitarios y desea controlar todos los órganos de nuestra democracia", ha alertado, para después pedir al PP que se distancie del Gobierno, algo que ya hizo una vez que saltaron por los aires las negociaciones para la renovación del CGPJ al ver las pretensiones de Sánchez.

Podemos también critica que Sánchez no haya discutido "los nombres y su idoneidad" con el socio de la coalición y se lanza contra él por el veto a Rosell para el CGPJ

Pero no solo la oposición se ha posicionado en contra de esta intervención de Sánchez en el Poder Judicial, hasta su socio de Gobierno lo hace, aunque por cuestiones distintas, ya que ha destacado que ha sido una decisión unilateral del PSOE sin contar con Unidas Podemos.

Es más, ha censurado que es un acto de "cinismo" por parte de su socio optar por la designación de Campo mientras se asumía el veto del PP a la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, para formar parte del Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano político y no jurisdiccional.

De hecho, ha admitido que al espacio confederal le hubiera gustado "discutir los nombres y su idoneidad", porque llevar a Campo a un órgano de la importancia del Constitucional es incongruente con ese discurso de "independencia política" que abanderaba el PSOE para desechar a Rosell como candidata.