El "gran asalto": el PP alerta de lo que esconde la OPA de Moncloa al TC

Lo que está en juego en las próximas elecciones generales, va mucho más allá de un cambio de inquilino en el Palacio de la Moncloa, alertan en el Partido Popular. Lo que hay sobre la mesa, -continúan estas voces muy cualificadas de Génova a ESdiario-, es el propio diseño territorial del Estado y, además, al dictado de los que quieren romper España.

Para que esta ofensiva se pueda llevar a cabo, continúan estas mismas fuentes, es necesario debilitar al Tribunal Constitucional, el último bastión, el rompeolas, que actúa como intérprete supremo de la Constitución y fija donde están los límites.

El primer paso se ha dado este martes con el nombramiento por parte del Gobierno como nuevos magistrados del Constitucional del exministro de Justicia, Juan Carlos Campo y de un ex alto cargo de Moncloa y mano derecha de Félix Bolaños, Laura Díez.

Como ese referéndum pactado no tiene cabida en nuestra Carta Magna, recuerdan en el PP, resulta imprescindible tener un alto tribunal "dócil" y "obediente", dispuesto a establecer el mecanismo que intérprete de modo favorable la exigencia independentista

Unos nombramientos que forman parte la hoja de ruta de Sánchez, que es plenamente consciente de que si tiene alguna posibilidad de seguir al frente del ejecutivo tras las próximas elecciones generales es reeditando el conglomerado Frankenstein. Como también sabe perfectamente cual es el precio de ERC a ese apoyo para una hipotética investidura.

Tanto en público como en privado, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés y el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, advierten que no van a renunciar bajo ningún concepto a la celebración de ese referéndum de independencia en Cataluña.

Es más, Junqueras se muestra "seguro" de que "el diálogo con el Gobierno se traducirá tarde o temprano en una negociación sobre el referéndum de autodeterminación" en Cataluña. Una reivindicación a la que se subirá el coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, quien está misma semana se ha jactado de que los que quieren que "España deje de ser España", son precisamente los que sostienen al Gobierno.

Juan Carlos Campo, rumbo al TC: una pieza clave en el plan de Sánchez que denuncia el PP.

Junqueras se muestra "seguro" de que "el diálogo con el Gobierno de España se traducirá tarde o temprano en la celebración de un referéndum de autodeterminación" en Cataluña. Precisamente por eso, los nombramientos de este martes han sido saludados por los independentistas como "un paso en la buena dirección".

Como ese referéndum pactado no tiene cabida en nuestra Carta Magna, recuerdan en el PP, resulta imprescindible tener un alto tribunal "dócil" y "obediente", dispuesto a establecer el mecanismo que intérprete de modo favorable la exigencia independentista. Eso que eufemísticamente se define desde el gobierno como una "solución imaginativa".

Junqueras se muestra "seguro" de que "el diálogo con el Gobierno se traducirá tarde o temprano en una negociación sobre el referéndum de autodeterminación". Una reivindicación a la que se subirá Arnaldo Otegi

Por eso, parece importarles muy poco en el Palacio de la Moncloa que Juan Carlos Campo se tenga que inhibir en las al menos seis leyes que el coordinó como ministro y sobre las que se ha presentado recurso de inconstitucionalidad.

A la sombra del PSC

Pero hasta que llegue el momento de plantear ese referéndum, que ERC no sitúa antes del 2024, los independentistas seguirán cobrándose las facturas de su apoyo a Sánchez y que pasan también por que el Tribunal Constitucional sea receptivo a otras de sus demandas fundamentales: el respeto a la inmersión lingüística en Cataluña.

En este contexto, las fuentes consultadas creen que también va a jugar un papel fundamental Laura Díez, cuya carrera profesional se ha desarrollado a la sombra del PSC y del PSOE y que sostiene que "únicamente la voluntad de diálogo político y de acometer las reformas jurídicas necesarias- constitucionales y estatutarias entre ellas - puede arreglar este grave conflicto". Ahora desde el Tribunal Constitucional tendrá la oportunidad de tratar de llevarlo a la práctica.