Marlaska y el dramático problema de las okupaciones al que no pone remedio

España acumula 9.949 denuncias por 'okupaciones' de viviendas en el último año y medio, de las cuales 3.646 (el 36,64%) estaban habitadas y 5.803 (el 58,23%), según los últimos datos enviados al Congreso por el Ministerio del Interior. Se trata de las cifras que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha remitido a un grupo de diputados de Vox que se interesaron por la evolución de este fenómeno.

El ministerio aprovecha para explicarles que el término genérico de "ocupación de inmuebles" incluye diferentes tipos de delitos del Código Penal. Por un lado, el allanamiento de morada (artículo 202), unos casos ante los que las Fuerzas de Seguridad, remarca, actúan "de forma urgente y perentoria, desalojando las viviendas de inmediato "siempre que tengan permiso del morador y éste haya presentado denuncia".

Por otro lado, reseña, el artículo 245 es el relativo a la usurpación de inmuebles "sea con violencia o no, y sean residenciales o no". Aquí, añade, el proceder de los agentes está sujeto a una orden judicial de desalojo y a la intención manifiesta del propietario de recuperar su propiedad, salvo que puedan intervenir en el momento en el que se está cometiendo el delito, "con violencia o intimidación", en cuyo caso sí pueden hacer desalojos inmediatos.

En concreto, entre 2021 y julio de 2022, se contabilizan un total de 9.949 denuncias, una media de 523 denuncias al día. La Comunidad de Madrid figura a la cabeza de denuncias tanto de viviendas habitadas como vacías. Así, se contabilizan en este periodo 972 'okupaciones' de viviendas habitadas y 805 de casas sin habitar, es decir, un total de 1.777, lo que supone más del triple que las cifras registradas en Barcelona, que figura la sexta con más denuncias en el ranking de provincias.

Interior señala como causas del incremento de este tipo de delitos la coincidencia de diversos factores, de los que destaca claramente dos: el "elevado" número de inmuebles vacíos (de hecho, remarca que son más las denuncias por usurpación) y de personas que pierden su morada por deudas o pérdida de empleo, por la situación económica derivada de la concatenación de la crisis del Covid, la "crisis de logística y de producción internacional" y la generada por los efectos de la invasión rusa de Ucrania.

En cualquier caso, el ministerio apunta, respecto a los datos ofrecidos, hay que tener en cuenta que en el Sistema Estadístico de Criminalidad el campo relativo al uso de la vivienda no es de cumplimentación obligatoria, "por lo que estas cifras pueden no coinciden con los datos disponibles de totales de viviendas ocupadas".

Madrid toma medidas

Los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid han acordado por unanimidad que con carácter general se estime pertinente que se acuerde la medida cautelar de desalojo y restitución del inmueble okupado en aquellos supuestos en que se aprecien sólidos indicios de la ejecución del delito de allanamiento o usurpación y se verifique la existencia de efectos perjudiciales para el legítimo poseedor, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un comunicado.

Los magistrados han tenido en consideración no sólo a las víctimas o perjudicados por el delito, sino también a los vecinos a los que el delito pueda suponer un menoscabo directo en el pleno disfrute de sus derechos.

Y lo hace "sin perjuicio de que cuando se observe una situación de especial vulnerabilidad en las personas que ocupan el inmueble (menores, personas con discapacidad, etc.) de forma simultánea se dé traslado a los servicios sociales a fin de que adopten las medidas oportunas para su protección, facilitando las soluciones que procedan".