El CGPJ cumple cuatro años de bloqueo “maniatado” por Pedro Sánchez

La Constitución es clara con respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): el órgano debería de haberse renovado hace ya cuatro años. Pero justo en ese 2018, Pedro Sánchez llegó a la Moncloa tras su moción de censura contra Mariano Rajoy. Fue entonces cuando PSOE y Podemos, de la mano, forzaron el bloqueo de la institución para imponer sus representantes en el poder judicial.

Nunca antes el CGPJ había estado tanto tiempo sin renovarse: 1.400 días de bloqueo en los que ha dimitido su presidente, Carlos Lesmes, después de años de advertencias y tirones de orejas, para forzar la renovación que Sánchez sigue sin acometer. Cuatro años en los que otros dos magistrados han abandonado el órgano, una, la vocal Victoria Cinto, por fallecimiento; el otro, Rafael Fernández, por jubilación.

Por el camino se han quedado cuatro negociaciones entre PSOE y PP para renovar el órgano como pide la Constitución: bajo designación de los partidos mayoritarios en el Congreso. 20 vocales que casi tenían apalabrados ambas formaciones hasta que, a espaldas de Génova, los socialistas cedieron al independentismo rebajando el castigo de la sedición.

A ello se le suma la designación a dedo de dos perfiles absolutamente politizados desde Ferraz para controlar el Tribunal Constitucional: el del exministro de Justicia con el PSOE Juan Carlos Campo y la examino derecha de Presidencia en Monlcoa y próxima al separatismo de la Generalitat, Laura Díez. Ambos perfiles con un objetivo: controlar el máximo órgano de control de las leyes en virtud de la Carta Magna.

Y es que, como se tienen que renovar cuatro miembros del Constitucional mediante el CGPJ, el control del mismo se antoja imprescindible para Sánchez, puesto que sería sinónimo de revertir la mayoría actual en una especie de “mayoría judicial progresista” en ambas instituciones. Ello, a su vez, facilitaría el visto bueno legal de modificaciones legislativas “pro-secesionistas”, así como indultos y otras modificaciones legales que respondan a las cesiones políticas de Moncloa.

Un bloqueo, el del CGPJ, que muchos expertos denuncian que podría haberse evitado, pero que Moncloa, interesadamente, evitó. Y es que Sánchez retiró al Consejo en prórroga de la institución en marzo de 2021 la capacidad de hacer nombramientos discrecionales para salvar el bloqueo. Un mecanismo de urgencia que el Gobierno “vetó” para imponer su criterio “progresista”.

Pero Ferraz no pensaba que el PP aguantara sin ceder, por lo que se vio obligado en los últimos meses a modificar sus intenciones y levantar su veto a los dos nuevos miembros del Constitucional en el Consejo. Un parche en una institución que se desangra y en la que un tercio de los vocales ya ha cumplido su mandato.

En cuanto al Tribunal Supremo, Sánchez mantiene a 16 magistrados bloqueados, sin capacidad de maniobra. Esas plazas deben cubrirse. Y a ellas se les suman dos que deben ser designadas para el Constitucional. Una decisión que el Consejo vota en algo más de dos semanas sin que esté claro cuáles son sus intenciones: la mayoría de la institución presiona a la parte progresista para que ceda y ponga encima de la mesa los nombres que les “gustan” para el cargo. Esa parte, parece demorarse. Y como debe haber mayoría simple de 11 votos de 20 totales, o alguna de las dos partes cede, o el colapso se contagiará a todas las instituciones.

El bloqueo parece que va para largo, mientras las instituciones se deterioran a pasos agigantados. Decenas de cargos de tribunales están pendientes de ser nombrados, los procesos en la institución se eternizan, los tribunales superiores reciben constantes zancadillas burocráticas por la falta de nombramientos y los juicios, en ocasiones, se eternizan por este bloqueo de cuatro años. Y lo peor es que, como denuncia el PP, esta situación parece que no se acabará hasta que Sánchez tome el poder del CGPJ o pierda las elecciones de 2023. Para entonces, si no hay cambios, el órgano cumpliría cinco años “maniatado”.