La "chapuza" de los abonos gratuitos de Renfe obliga a Sánchez a rectificar

Fue una de las medidas estrella del Gobierno para enfrentarse a la crisis económica derivada de, como Moncloa se empeña en llamar, “la guerra de Putin”: los abonos de transporte gratuitos para trenes Renfe de Cercanías y media distancia. La idea era que todo el mundo tuviera acceso al transporte público a un precio reducido o incluso gratis en el caso de ciertos viajes, pero ahora, vista la improvisación del Ejecutivo, muchos usuarios estaban usando el servicio “con poca empatía”, por lo que Raquel Sánchez ha tenido que rectificar.

Y es que la titular de Transportes ha modificado las condiciones de uso de los abonos gratuitos de Media Distancia convencional, en especial los comportamientos de determinados usuarios que reservan plaza en los trenes con el abono y luego no viajan. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy las nuevas condiciones de estos abonos, que entrarán en funcionamiento, en su mayoría, el próximo miércoles, 7 de diciembre.

Así, restringiendo la formalización de viajes y la adquisición de abonos y sancionando usos irregulares reiterados, entre otras actuaciones. Por ello, Renfe incautará la fianza de 20 euros y anulará el abono gratuito a los usuarios que, al menos en tres ocasiones, no hayan cancelado con un mínimo de dos horas de antelación la reserva de la plaza si finalmente no van a viajar en el tren. Aunque solo se retirará el abono de la línea en la que se haya detectado un uso irregular, el operador ferroviario no expedirá un nuevo abono asociado a ese titular para ningún origen-destino de media distancia en un plazo de 30 días desde la anulación.

La normativa actual establece que, en el caso de los servicios ferroviarios de Media Distancia convencional, los usuarios deben adquirir un abono distinto por cada trayecto origen/destino, que será válido para viajes ilimitados entre el origen y destino solicitado por el cliente, en ambos sentidos. Antes de llegar a retirar el abono y la fianza, Renfe enviará dos avisos al titular cuando detecte que finalmente no ha viajado sin anular la reserva con la antelación requerida.

La tercera vez que se incurra en uso indebido, se procederá a sancionar. Aun así, se establece un plazo transitorio de siete días en los que se informará al viajero del incumplimiento sin que esto suponga la aplicación de la medida. En paralelo, las nuevas condiciones limitarán a cuatro viajes diarios de ida o vuelta el número máximo de trayectos que se permite formalizar por abono y se imposibilitará formalizar dos viajes en el mismo sentido hasta que transcurra el triple del tiempo de viaje programado.

Una rectificación con la que el Gobierno quiere evitar que se desvirtúe la efectividad de una medida que implantó, en principio, con ánimo de incentivar la demanda del transporte público y contribuir a reducir las emisiones de CO2. En el "mundo real", se ha convertido en una forma de que los que quieren usar de verdad el tren, hayan visto como los insolidarios ocupan plazas a discreción sin castigo alguno. Un agujero legislativo más del Gobierno.