Esperpento en el Congreso: PSOE y Podemos inician el debate sin esperar al TC
El Gobierno y la presidencia de la Cámara arrancan el debate y la votación de la reforma del Código Penal sin esperar al pronunciamiento de los magistrados sobre su legalidad.
Patxi López y María Jesús Montero, este jueves a las puertas del Hemiciclo.
La deriva del caos institucional no cesa. Poco después de las 15.15 horas de este jueves el Congreso ha abierto la sesión plenaria convocada exprofeso para aprobar la ley que suprime el delito de sedición, reforma el de malversación y cambia las mayorías del Consejo General del Poder Judicial para nombrar magistrados del Tribunal Constitucional, y lo ha hecho sin que el tribunal de garantías se haya pronunciado sobre el recurso interpuesto por el PP para evitar que se voten las enmiendas destinadas a desbloquear la renovación de este órgano constitucional.
La presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, ha rechazado la pretensión del PP, Vox y Ciudadanos de suspender la sesión plenaria. Al continuar la sesión, los diputados de Vox han abandonado el hemiciclo.
Los magistrados del Constitucional se reunieron a la una de la tarde para decidir si admitían el recurso del PP que pide paralizar de forma cautelarísima la tramitación parlamentaria de las citadas enmiendas, por las que se modifica el sistema de elección y la llegada al TC de los dos candidatos nominados por el CGPJ, y de los dos que corresponde nombrar al Gobierno.
Pero poco después de una hora, el Pleno del TC ha quedado suspendido hasta el próximo lunes sin haber resuelto el recurso del PP. Y la Cámara Baja ha seguido con su agenda dando comienzo a la segunda sesión plenaria de este jueves, que se convocó precisamente con ese único punto en el orden del día: la aprobación del dictamen que la Comisión de Justicia emitió el pasado martes sobre la proposición de ley registrada por el PSOE y Unidas Podemos el pasado 11 de noviembre.
En ese texto no sólo se aborda el fin del delito de sedición por el que fueron condenados los líderes del procés, sino que también traspone directivas europeas sobre contrabando de armas de doble uso y recoge un agravamiento de penas por ocultación de cadáver.
Pero, además, se ha acabado incluyendo vía enmiendas un nuevo delito de enriquecimiento ilícito, una reforma del de malversación, medidas de conciliación para los operadores judiciales y los cambios que afectan tanto a CGPJ como al Tribunal Constitucional, que son los únicos impugnados por el PP.
La impugnación de los populares, que coincide con la que registró después Vox, no buscaba parar el Pleno del Congreso, sino sacar del debate esas dos enmiendas que afectan al CGPJ y al TC por considerar que son ajenas al objeto de la iniciativa original y que su tramitación merma la capacidad de la oposición para participar en los debates parlamentarios.
El PP expresa su "respeto"
El PP ha admitido que le habría gustado una "respuesta rápida" del Constitucional tras su recurso de amparo pero, dicho esto, ha anunciado que seguirá combinando la acción política y judicial para frenar los "desmanes legislativos" del Gobierno de Pedro Sánchez.
"Nos habría gustado tener una respuesta rápida a unas decisiones adoptadas por parte del Gobierno que vulneran los derechos de los diputados de las Cortes generales y que comprometen las garantías del sistema parlamentario español", han señalado fuentes populares.
El PP ha anunciado que seguirá "combinando la acción política con la vía judicial para combatir los desmanes legislativos de un PSOE que ni con sus formas ni con su fondo convencen ni siquiera a los que militan en su partido", han señalado esas mismas fuentes de la dirección popular.
Recurso de inconstitucionalidad
Este mismo jueves Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que su partido tiene la "conciencia tranquila" después de que su formación haya recurrido en amparo con el objetivo de paralizar la reforma penal, ya que, según ha dicho, si el Gobierno "no respeta el Estado de Derecho", debe hacerlo la oposición.
"Estamos hablando de procedimiento porque el recurso de inconstitucionalidad lo presentaríamos una vez que se presente la ley", ha afirmado Feijóo en Telecinco, para añadir que en este caso hay un "vicio de procedimiento" y hasta los letrados de la comisión han advertido al Gobierno de que "lo que están haciendo es ilegal".