Los socios de Sánchez cierran filas y revelan su plan para "depurar" al TC

El bloqueo del Tribunal Constitucional al intento del Gobierno de Pedro Sánchez de modificar las mayorías para la renovación del organismo mediante enmiendas que erraban en la forma de tramitación legislativa, han provocado una auténtica avalancha de críticas por parte del Gobierno y de sus socios, tanto por parte de Unidas Podemos, quien llegó a llamar a la desobediencia, como de las fuerzas separatistas.

Han sido estas últimas las que se han pronunciado en las últimas horas, y lo han hecho con durísimos ataques al Tribunal Constitucional, alentando a la movilización de las izquierdas para “cerrar filas” entorno al Gobierno y promover una reforme legislativa que acabe con el actual Consejo General del Poder Judicial imponiendo una mayoría izquierdista.

Una de las primeras formaciones en salir a la palestra este martes ha sido Bildu. Su portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurua ha reclamado en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados "depurar la hipoteca" que supone, a su juicio, el "régimen del 78" y ha pedido al Gobierno y sus socios parlamentarios "estar a la altura" y aliarse frente al "órdago" que, a su juicio, ha lanzado por la "derecha política y judicial" mediante la "ilegítima" decisión del Tribunal Constitucional (TC) de paralizar la tramitación parlamentaria de la norma que busca renovar el propio tribunal.

De hecho Aizpurua ha atacado con dureza al Constitucional por no dictar lo que su grupo quería calificando de "gravísimo" lo ocurrido. De hecho ha usado el término "golpe judicial" para referirse a lo que considera un “ataque contra la representación legítima emanada de las urnas", y ha demandado una "reflexión tranquila pero rápida" que desemboque en un "acuerdo global de la mayoría parlamentaria" para defender "el derecho de la ciudadanía a que sus representantes elegidos elijan las políticas”.

Por su parte, los separatistas catalanes han reprochado al Constitucional su “actitud derechista” asegurando que “no les sorprende” porque a ellos el alto Tribunal les hizo lo mismo en el intento de golpe de Estado del 1 de octubre de 2017. En concreto, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha ido un paso más allá y ha pedido unidad a los socios de gobierno para presentar una proposición de ley en el Congreso para renovar el Tribunal Constitucional, al tiempo que ha hecho un llamamiento a la calma porque la desobediencia sin tener un plan "es confeti”.

En rueda de prensa, Rufián ha insistido en la idea de poner en marcha un nuevo trámite legislativo para renovar el tribunal, aunque tampoco cree que la vía de la enmienda fuera un error porque "no es la primera vez" que se utiliza, tanto por el PSOE como por el PP. En ese sentido, y ante el llamamiento de Unidas Podemos a movilizar a la sociedad frente a la estrategia del PP y de la parte conservadora del TC, Rufián ha alertado de que "la desobediencia institucional" sin tener un plan "no sirve de nada, es confeti", y ha querido dejar claro que ERC no se va a sumar a "proclamas", máxime cuando la izquierda se puso "de perfil" cuando el TC paralizó debates en el Parlamento catalán.

"Estaremos al lado de las acciones que defiendan la soberanía popular, aunque en Cataluña hubo demasiadas justificaciones de que un tribunal pudiera atropellar la soberanía parlamentaria", ha dicho, antes de remarcar que "sin acabar con el régimen del 78 no hay mayoría progresista que sostenga la democracia en el Estado español". "O hay un cambio profundo que permita también la autodeterminación de los pueblos o no hay democracia que valga", ha remachado.

Errejón propone, directamente, aprobar su propia ley

Por su parte, el líder de Mas País, Íñigo Errejón, ha urgido a la mayoría progresista a presentar reformas legales que permitan renovar los órganos judiciales y relevar, con ello, a los "magistrados en rebeldía" del Tribunal Constitucional que se "comportan como diputados del PP" y han provocado una "crisis profunda de Estado” con su decisión de paralizar la reforma judicial de Sánchez. De hecho ha llegado a tildar de “atropello democrático" esa decisión y que pone en peligro el "equilibrio de poderes" que emana de la Constitución de 1978.

Para el diputado, el culpable último de este conflicto es el PP, que mantiene bloqueados los relevos tanto en el TC como en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con una "política de tierra quemada" donde demuestra que "el poder es suyo" y gobierna, o provoca el "caos" con "trampas" para incumplir la Carta Magna al servirse de mayorías caducadas para suspender las votaciones que pierde en el parlamento.