Alerta entre los policías: PSOE y Podemos se acercan en la ley que les debilita

Los agentes de la Policía, Guardia Civil, cuerpos y autonómicos y policías locales están en guardia. Y la preocupación ha regresado a las comisarías ante la nueva Ley de Seguridad Ciudadana gestada desde la coalición Frankenstein y que puede estar próxima a ver la luz.

Y es que los socios del Gobierno encaran el final de la reforma de la vigente ley, la conocida como ley mordaza por sus detractores, pese al recelo -además de la oposición- de los principales sindicatos policiales, que no descartan convocar otra manifestación como ya hicieron en unidad de acción en noviembre de 2021.

Unidas Podemos, uno de los partidos que forma parte del Gobierno, es optimista tras la reunión de la ponencia del 21 de diciembre sobre la posibilidad de cumplir con su promesa de reformar esta legislatura la norma aprobada en 2015 por la mayoría absoluta del PP.

La previsión es seguir trabajando en enero y no existe aún fecha para que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana se eleve a la Comisión de Interior, paso previo para su aprobación en el Pleno del Congreso.

No obstante, persisten 'líneas rojas' debido a la renuncia del PSOE a dejar de usar las pelotas de goma como material policial antidisturbio, así como sancionar las faltas de respeto a los agentes y prescindir de los rechazos en frontera de migrantes, un asunto este último que se ha vuelto a poner en primer plano con críticas a la gestión del Ministerio del Interior tras la tragedia de Melilla del pasado 24 de junio.

El papel clave de Bildu

Bildu y otros socios del Ejecutivo reconocen que han encallado en artículos como el de desobediencia o el de faltas de respeto, recordando que son los que motivan más sanciones por parte de las Fuerzas de Seguridad gracias a la ley mordaza.

Fuentes parlamentarias subrayan que el consenso puede llegar si se establecen "elementos para objetivizar estas sanciones, evitando situaciones injustas". También reconocen puntos de desencuentro en la responsabilidad de las manifestaciones a la hora de hacer frente a posibles infracciones.

En la última reunión a puerta cerrada de la ponencia, los socios del Gobierno acordaron graduar las sanciones en función de si afecta a menores y atendiendo a la capacidad económica. La Ley de Seguridad Ciudadana en vigor ya contempla la graduación de sanciones (artículo 33) con mención a "la capacidad económica del infractor", pero ahora se incluye "la minoría de edad del infractor".

Además, se desarrolla este artículo para establecer retoques a la baja en las multas para reducirlas en un 50% para quienes perciban un salario de hasta 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y del 25% si es entre 1,5 y 2,5 veces del SMI.

Para atender a las "circunstancias personales, familiares y sociales", el artículo pactado contempla la posibilidad de reducir la multa y hasta suspenderla en función de si hay un acto de conciliación entre la persona autora con las personas ofendidas, así como una actividad reparadora, sobre todo en aquellos supuestos en los que el sancionado es menor de edad.

Según explicó el ponente de Unidas Podemos, Enrique Santiago, se trata de generalizar un modelo que ya regía para los menores y ha generado un "gran acuerdo" para que, a partir de la aprobación de la ley, se pueda utilizar en "todos los supuestos de infracciones que afecten a bienes públicos o privados" siempre que exista una clara voluntad de conciliación entre las partes.

NO HAY MULTA POR FOTOS, CON SALVEDADES

Además, se ha acordado -teniendo en cuenta una sentencia del Tribunal Constitucional- la reducción de algunas sanciones y, en palabras de Santiago, la "no penalización" de la difusión de imágenes de protestas o actividades de las Fuerzas de Seguridad. Textualmente, la enmienda incorporada establece que "no constituirá infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones o su mera difusión".

Eso sí, se incluye como salvedad el uso de "imágenes o datos personales o profesionales de las autoridades o agentes" cuando genere un "peligro cierto" para su "seguridad personal o familiar, la de las instalaciones protegidas" o el riesgo de una operación. Ese "peligro o riesgo cierto" deberá "ser constatable y reflejarse motivadamente en el acta o la denuncia, con el mayor detalle posible".

El papel de Marlaska

La portavoz de Interior del PP, Ana Vázquez, ve sospechoso que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "ceda la seguridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para salvar su cabeza política". En su opinión, de aprobarse el texto consensuado dejaría "desarmados" a los agentes. "Es una reforma ideológica que apoyar al delincuente; una ley para cuando estén en la oposición", ha señalado.

La mayoría de sindicatos policiales recelan de que no hayan sido consultados para modificar una ley que les afecta en su desempeño, algo que ya plantearon hace un año cuando convocaron una multitudinaria manifestación en Madrid.

Las organizaciones policiales han creado una plataforma, No a la España insegura, que no descartan volver a activar una vez se apruebe definitivamente la nueva ley orgánica si incluye "despropósitos" como permitir difundir imágenes de policías "a discreción" -alentando el acoso contra ellos o sus familias- o si se "retira la presunción de veracidad de los atestados policiales".