Vox se querella contra el vicepresidente del Congreso por censurar a su diputada
Gómez de Celis quitó la palabra a la diputada Patricia Rueda al referirse a EH Bildu como filoetarras. Desde el partido de Abascal defienden que se actuó de manera abusiva e injustificada.
La diputada de Vox por Málaga y vicesecretaria de Portavocía de la formación, Patricia Rueda.
Ocurrió el pasado 29 de noviembre, durante el debate sobre el apoyo a la candidatura española de Málaga para albergar la Exposición Internacional 2027 La Era Urbana: hacia la ciudad sostenible. Durante su turno, Patricia Rueda afirmó que Pedro Sánchez ningunea a Málaga y que su Gobierno prefiere “premiar a filoetarras, nacionalistas y golpistas”.
El vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, presidía ese día el debate y pidió a la diputada que retirase el término. Ella se negó y fue llamada al orden varias veces, tras lo que el presidente en funciones decidió quitarle la palabra pidiéndole que desalojara la tribuna, mientras que Rueda señalaba que era "injusto". El incidente provocó que los diputados de Vox abandonaran el hemiciclo en señal de protesta dejando los escaños vacíos el resto de la sesión.
Por ello, Vox ha presentado ante el Tribunal Supremo una querella por prevaricación contra Gómez de Celis después de que esta se refiriera a EH Bildu como "filoetarras".
Falta de neutralidad y abusiva
Así consideran la decisión desde Vox en un escrito en el que hablan de la "absoluta falta de justificación de la decisión en términos de la obligatoria neutralidad, de respeto a los principios constitucionales y a la libertad de expresión parlamentaria", de Gómez de Celis.
Por otro lado, el escrito reivindica la obligación de la Mesa del Congreso de representar a todos los ciudadanos por igual. Por ello afirman que "cualquier decisión que se adopte debe carecer de arbitrariedad, sesgo ideológico o intereses particulares, pues debe tratar a todos los representantes de los ciudadanos por igual”.
Además, censura la utilización de "inapropiadas, por no venir al caso, insostenibles e insoportables comparaciones de Vox con Bildu", que bien "podrían ser objeto de un análisis penal separado, siempre que no fuera amparado por la libertad de expresión política, que fue sesgado a la diputada de Vox y a la que impunemente se acogen parlamentarios como el querellado, cuando se trata de insultos, ofensas a la formación".
Desde el partido que dirige Santiago Abascal creen que la actuación del presidente en funciones fue "abusiva" por limitar "de manera indebida" el ejercicio de la diputada, además de "injustificada" porque no se daban los presupuestos para la aplicación del artículo 103 del Reglamento y para la retirada de la palabra.
Por el momento, desde el partido lamentan que la Presidencia del Congreso no haya dado ninguna respuesta a esta solicitud.