Tercera chapuza a la vista: los fiscales arremeten contra la ley de Secretos
"Una ventana a la impunidad", denuncian los expertos. Tras las escandalosas consecuencias del "si es sí" y de la reforma de la malversación, el tercer lío legislativo planea sobre Moncloa.
Bolaños, Marlaska y Robles.
Las chapuzas legislativas fruto de la improvisación, las prisas y las facturas pendientes del Gobierno con sus socios se acumulan en la mesa del despacho del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Y sin apagarse los ecos del desastre de la ley del solo sí es sí, llegan las consecuencias del "bodrio legislativo" -según los expertos- de la reforma del Código Penal para rebajar el delito de malversación.
Pero, por si fuera poco, ahora llega un tercer frente para Moncloa, derivado de otro de los pagos del PSOE a sus socios, en este caso a PNV y ERC, el anteproyecto de la nueva ley de Secretos Oficiales.
El Consejo Fiscal ha avisado al Gobierno de que el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada, por la que se pretende derogar la antigua ley de secretos oficiales, debe mejorar porque la redacción actual facilita que las policías autonómicas oculten información al Ejecutivo al recibir nuevas competencias para contar con un régimen similar al del propio Centro Nacional de Inteligencia.
El órgano consultivo del Ministerio Público ha aprobado el informe de la sección de lo Contencioso-Administrativo de la Fiscalía del Tribunal Supremo, en el que se considera "particularmente desmedido" que "se concedan facultades de clasificación" a quienes ocupen Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, Direcciones Generales de Policía y Guardia Civil, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y las autoridades autonómicas competentes en materia de policía.
El Consejo Fiscal coincide con la conclusión de que con la redacción actual del anteproyecto existe "un intenso peligro" de que, "por la dispersión competencial", "florezcan divergencias aplicativas y en determinados casos se dé lugar a situaciones de indeterminación, descoordinación, dilución de responsabilidades
Así, el fiscal de Sala Jefe del Supremo Jesús Tirado Estrada -que firma el informe aprobado por el Consejo Fiscal- subraya que dotar a todas estas autoridades de dichas competencias "podría equivaler en la práctica a dotarles de unas posibilidades de actuación en un régimen de secreto similar al de la dirección del CNI".
Según recoge el informe, la nueva ley de secretos oficiales "posibilita el desajuste de una real incidencia directa en la seguridad y defensa del Estado" y permite "un caudal de confusión y un ingente hermetismo impropio de un sistema como el que se proclama en el artículo 1 de la Constitución, contribuyendo todo ello a dificultar un control judicial efectivo".
"Intereses contrapuestos"
En este sentido, el fiscal avisa además de que la previsión respecto de las autoridades autonómicas competentes en materia de policía "suscita dudas añadidas" en el caso de que existan "intereses contrapuestos" o de que "paradójicamente" dichas autoridades autonómicas "manejen información que pueda comprometer la seguridad o la defensa del Estado y para ocultarla sea clasificada".
El informe desaprueba que un "elevado número" de autoridades adquieran con el anteproyecto "competencia y facultades para excluir del conocimiento público una información".
"Un intenso peligro"
El Consejo Fiscal coincide con la conclusión de que con la redacción actual del anteproyecto existe "un intenso peligro" de que, "por la dispersión competencial", "florezcan divergencias aplicativas y en determinados casos se dé lugar a situaciones de indeterminación, descoordinación, dilución de responsabilidades o incluso a prácticas de ocultación de información entre autoridades allí donde resulte posible".
Además, avisa de que la regulación vigente sobre autoridades de clasificación "resulta más acorde" con la Constitución "e incluso es preferible a la opción legislativa que concreta el anteproyecto". Según precisa, el texto ahora impulsado por el Gobierno suscita "problemas" frente a la Carta Magna, porque otorga a las autoridades autonómicas "una materia de competencia exclusiva del Estado".
El órgano consultivo del Ministerio Público ha aprobado el informe en el que también se advierte de que los plazos de desclasificación automática del anteproyecto "se revelan excesivamente rígidos, amplios y faltos de proporción". "Posibilitan, además, que las responsabilidades penales, incluso por delitos de extrema gravedad, acaben resultando inexigibles", añade.
Así, el fiscal Tirado Estrada subraya que "en un sistema democrático la clasificación de una información sólo puede servir para proteger la seguridad y defensa del Estado por el tiempo estrictamente necesario y de manera absolutamente justificada y proporcional".
Al mismo tiempo, avisa de que las limitaciones a la prohibición de destrucción y la eliminación de la información complementaria "facilitan la impunidad al posibilitar que desaparezca o se pierda mucha información".
