Vox presenta un nuevo recurso al TC: ahora contra la Ley de Memoria Democrática
El partido de Santiago Abascal asegura que es una violación masiva de derechos fundamentales, la igualdad y las libertades de los españoles, la libertad de expresión y la de pensamiento.
Jorge Buxadé, Santiago Abascal e Iván Espinosa de los Monteros.
Se trata del cuadragésimo quinto recurso de inconstitucionalidad que presenta el grupo parlamentario de Santiago Abascal desde que se inició la legislatura. En esta ocasión se trata de un recurso contra la Ley de Memoria Democrática del Gobierno, una ley contra la que Vox votó en contra en el Congreso y en el Senado. Fue entonces, el pasado 5 de octubre de 2022, cuando ya anunciaron que la recurrirían ante el Tribunal Constitucional, además de comprometerse a su derogación si llegan a la Moncloa.
El portavoz del Comité de Acción Política del partido, Jorge Buxadé, denunció esta semana que la Ley de Memoria "constituye una violación masiva de derechos fundamentales, la igualdad y las libertades de los españoles, la libertad de expresión, la de asociación, la de fundación, de pensamiento e ideológica", además de "atentar contra la propia convivencia y la unidad nacional".
A ello se ha referido hoy el líder de Vox, Santiago Abascal.
Este no es el único movimiento en relación a esta norma, y es que el partido registró una iniciativa parlamentaria para intentar proteger como bienes de interés cultural todos aquellos que puedan verse afectados por la nueva Ley, entre los que está por ejemplo el Valle de los Caídos.
Desde Vox censuran que Pedro Sánchez pactase artículos de esta Ley con Bildu y que "deslegitime" la Transición. "Nosotros creemos que sí tuvo lugar esa reconciliación, que las dos Españas se abrazaron, que reconocieron que ambas habían cometido crímenes y que decidieron mirar hacia el futuro", sostuvo durante el debate parlamentario por aquel entonces el diputado José Francisco Contreras.
Con el apoyo de nacionalistas e independentistas
Uno de los acuerdos alcanzados con Bildu permitió ampliar hasta 1983, cinco años después de aprobada la Constitución, el reconocimiento de víctimas de violaciones de Derechos Humanos y la posible reparación económica que ello conllevase.
En otro de los acuerdos previos se introdujo una enmienda para declarar la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales y jurados creados a partir del golpe de Estado de 1936 para la persecución por motivos políticos o de conciencia.
Con Más País, y el PDeCAT, el PSOE y Unidas Podemos cerraron otro acuerdo que declara "ilegal" el régimen franquista y reconoce expresamente que "las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos" alumbraron la democracia.
Con el PDeCAT se acordó articular mecanismos y recursos para evaluar la "represión y persecución" cultural y lingüística del franquismo, declarando "víctimas las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega".
Y con el PNV se selló otro pacto para fijar en un año el plazo para la restitución de documentos u efectos a personas naturales o jurídicas de carácter privado que estén en el Archivo General de la Guerra Civil. Podrán beneficiarse también partidos, sindicatos o unidades militares que reclamen enseñas, emblemas o banderas que estén en poder de entidades públicas.