Gamarra desmonta el trabajo de la Abogacía del Estado al servicio de Junqueras
Los servicios jurídicos de Moncloa piden al TS que reduzca la inhabilitación del líder de ERC de 13 a 7 años. El PP denuncia: "Una reforma penal al dictado de los delincuentes".
El aparato jurídico de Moncloa ha cumplido este jueves la fase dos de plan pactado entre Pedro Sánchez y Esquerra en favor de Oriol Junqueras. La Abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Supremo una rebaja de parte de la pena del líder de ERC y el PP, de inmediato, ha denunciado la gran mascarada de la reforma del Código Penal y desenmascarado el objetivo final del Gobierno.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado, después de que la Abogacía del Estado haya pedido que rebaje de 13 a 7 años la inhabilitación de Junqueras, que el Gobierno impulsó esa reforma del Código Penal "al dictado de los propios delincuentes".
La Abogacía del Estado pasa a la "fase 2" y reclama al Supremo que rebaje de 13 a 7 años la pena de inhabilitación absoluta que se impuso a Junqueras
Es más, ha subrayado en una comparacencia en Génova 13 que esa modificación no se hizo para "armonizar" la legislación española con la europea sino para "rebajar las penas a una serie de personas con nombres y apellidos".
En concreto, la Abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Supremo que rebaje de 13 a 7 años la pena de inhabilitación absoluta que se impuso a Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de ERC, en virtud de la reforma del Código Penal que ha derogado el delito de sedición y modificado el de malversación.
En este sentido, Gamarra ha recalcado que se confirma que no se hizo esa reforma del Código Penal para "armonizar la legislación española con la legislación europea" como ha dicho el Gobierno y ha añadido que esto "lo ha dicho el propio comisario europeo de Justicia".
"Con nombres y apellidos"
"No se ha conseguido armonizar absolutamente nada. Lo que sí se ha conseguido, y ésa era la vocación de esta reforma, era despenalizar ya en el Código penal no existe el delito de sedición pero también rebajar las penas a una serie de personas con nombres y apellidos", ha manifestado.
En este sentido, ha indicado que ahora empiezan los procedimientos y "será la Justicia la que determine hasta donde se ajustan esas penas" tras esa reforma que impulsó el PSOE con sus socios y que fue "hecha al dictado de los propios delincuentes, es decir, de aquellos que han sido condenados y aquellos para los cuáles se están instando esas rebajas de penas".
Gamarra ha denunciado que los españoles "no merecen tener un presidente del Gobierno y unos partidos en el Gobierno que en vez de estar pensando en fortalecer el marco constitucional, lo debilitan porque así pueden seguir estando en Moncloa". A su entender, actúan por exigencia de sus socios, que "quieren lo peor para España y romper España".