Demandan a Ada Colau por empadronar a una ‘okupa’ en Barcelona
“Pido que me empadrone en el domicilio que estoy ocupando”, así le pidió una okupa a Ada Colau que la empadronase y el Ayuntamiento de Barcelona emitió un informe favorable para ello.
Hugo Pereira desvela en exclusiva la demanda contra Ada Colau por empadronar a una okupa
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha propiciado un sistema de empadronamiento tan flexible que permite a los okupas solicitar el padrón municipal en el domicilio okupado sin consentimiento de su titular. Algo insólito y que choca frontalmente con las más elementales normas de convivencia y sociedad, además de colisionar con el fundamental derecho a la propiedad privada.
Es más, , sigue en la actualidad recibiendo subvenciones públicas sin el oportuno concurso público. Y es que el fenómeno de la okupación ha irrumpido con fuerza en nuestra sociedad. Cada vez son mayores los derechos que asisten al okupa y las políticas públicas, consecuentemente, son cada vez menos protectoras del sector y ámbito privado.
Desde ESdiario nos hemos puesto en contacto con José María de Palacio, abogado y socio director del bufete Palacio Lassaletta Abogados, quien ha asistido a una familia que tuvo que buscar otra residencia durante dos años porque el procedimiento judicial de desalojo de la okupa se enquistó por culpa del padrón que poseía.
De Palacio ha sido contundente al asegurar que el consistorio de Ada Colau está actuando con “una falta de respeto absoluta por la propiedad privada con un fin meramente electoralista” y es que recuerda que “los extranjeros empadronados en un municipio pueden votar en las elecciones municipales”.
La ‘okupa’ pidió al Ayuntamiento de Barcelona que la empadronase en el domicilio que está ocupando
“Pido que me empadrone en el domicilio que estoy ocupando”, esta fue la frase que la okupa utilizó, tal y como se aprecia en la imagen que acompaña a la noticia y a la que ha tenido acceso en exclusiva ESdiario, para pedirle al Ayuntamiento de Barcelona que la empadronara en el domicilio ocupado, habiendo sido suficiente la visita de un inspector del Ayuntamiento para constatar la presencia física de la mujer en el referido piso y emitir un informe favorable de empadronamiento.
En el caso de esta familia, un juzgado barcelonés falló que tenía más derecho a permanecer en el inmueble la okupa porque su padrón era posterior al título de propiedad. Algo que fue rebatido posteriormente pero que, de entrada, generó una dilación indebida en el procedimiento de desalojo como consecuencia de la política de empadronamiento de okupas seguida por Ada Colau.
En la actualidad, indica de Palacio, “la familia ha recuperado la posesión del piso” y ha “iniciado un procedimiento de responsabilidad patrimonial frente al Ayuntamiento en el que reclama los daños y perjuicios que el mal funcionamiento del consistorio barcelonés ha generado en mis clientes”.
De Palacio recuerda que el lanzamiento fue suspendido hasta en tres ocasiones porque “las plataformas antidesahucio actuaron de forma violenta impidiendo la materialización de una orden judicial” a la vez que insiste en que “compete a las Administraciones Públicas dar debido cumplimiento al derecho a la vivienda, no a los propietarios privados”.
Demanda, con posibilidad de querella, contra Ada Colau por empadronar a okupas en Barcelona
Pablo de Palacio, también abogado y criminólogo en el bufete Palacio Lassaletta Abogados, ha indicado que “más allá de la reclamación patrimonial de nuestros clientes, es importante devolver la seguridad jurídica a la propiedad privada”.
Según Pablo de Palacio “carece de toda lógica que una plataforma ajena al Ayuntamiento reciba subvenciones públicas, derivadas de los tributos de todos, sin el oportuno concurso público” y añade que “esta es una constatación más de que la alcaldesa Ada Colau y las plataformas antidesahucio van de la mano”.
Es por eso que desde el bufete han emprendido múltiples acciones contra el consistorio barcelonés y anuncian en ESdiario la posibilidad de querellarse contra Ada Colau por un posible delito de prevaricación al adjudicar a dedo subvenciones públicas a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
